El daño producido al actor es consecuencia de no habérsele brindado la información precisa sobre la carrera a la que postuló, cursó y egresó, pues de haber mediado una información adecuada y precisa, el demandante no hubiera visto frustrado su proyecto profesional de desempeñarse como Tecnólogo Médico en áreas de la salud.
La existencia del dolo o fraude la debe probar el asegurador de manera amplia, plena y satisfactoria, extremos no configurados en este proceso. Para que se configure la situación prevista en el artículo 48 de la Ley de Seguros es necesario comprobar la exageración fraudulenta del daño, es decir, dolosa y con el propósito de obtener una indemnización superior al daño realmente sufrido.
El Tribunal de alzada descartó error en la apreciación de la prueba y en los hechos establecidos por en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó al dueño de predio a pagar una indemnización de $40.000.000 por concepto de daño moral, al trabajador accidentado.
El banco debe actuar con la diligencia exigible, que no es sólo la reglamentariamente prevista sino la adecuada a las circunstancias de personas, lugar y tiempo. Entre estas, cobran especial relevancia datos tales como el perfil del cliente, los movimientos inusuales, los importes dispuestos, la hora en que se hace la operación, etc. Y no basta con medidas genéricas de protección o avisos estereotipados de cuidado, pues tales son fórmulas predispuestas.
El deber de cumplimiento honesto en el contrato, formulado en el precedente Bhasin v. Hrynew, se aplica a todos los contratos y exige que las partes no mientan ni se engañen de otro modo a sabiendas sobre asuntos directamente relacionados con la ejecución del contrato. Al determinar si la deshonestidad está relacionada con un contrato dado, la cuestión relevante es si se ejerció un derecho en virtud de ese contrato, o si se cumplió una obligación de manera deshonesta.
No surge del recurso ni de las circunstancias del caso una demostración concreta de que el banner ocasione un daño de la intensidad alegada. Así se juzga, considerando que algún medio de difusión debe instrumentarse y el indicado satisface el fin pretendido en el estado inicial del juicio sin afectar irrazonablemente los derechos de la demandada por vía de mecanismos cuyo carácter dañoso no se muestra justificado.
Toda transferencia constituye una forma de ejecución de obligaciones contractuales previamente asumidas, ejecución obligada cuando se dan las condiciones pactadas. Es por ello que se entiende que la orden de transferencia constituye una declaración de voluntad o mandato, en virtud de la cual el banco asume la realización de transferencias por cuenta del cliente como parte del contrato de servicio de caja.
La responsabilidad es de tipo contractual porque el menor era un alumno de la institución, se encontraba dentro de ella, en horario de jornada escolar y bajo control de la autoridad educativa. El propietario del establecimiento tenía un deber de seguridad para con éste. Hay en la enseñanza una obligación tácita de seguridad, manifestada como una obligación de resultado cuyo incumplimiento abre la imputación de responsabilidad.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.
La Corte determinó que el demandado incumplió la obligación de entregar la posesión tranquila e ininterrumpida de la cosa vendida, y lo condenó a indemnizar el daño emergente y el daño moral.
