El argumento expuesto por el banco en el cual sostiene que una persona a la que se le realizan débitos automáticos debe impugnarlos, pues en caso contrario se entienden por aceptados, impone al usuario una carga que es excesiva pues el consumidor ni siquiera ha contratado el servicio que le están descontando.

Si el elemento abusivo de la cláusula puede separarse del resto de la misma, su supresión puede bastar para restablecer el equilibrio real entre las partes del contrato. En tal caso, el contrato puede subsistir y el consumidor puede elegir cualquier forma de pago de entre las admisibles en virtud del Derecho nacional.

Según la demanda, Kraken ha entrelazado hasta 33 mil millones de dólares en criptoactivos de clientes con sus propios activos corporativos, generando lo que la SEC describe como un «riesgo significativo» para la seguridad de los fondos de los clientes.

El concepto de «explotación» y, por tanto, la utilización de los términos en cuestión no se limitan únicamente a los terrenos propiedad del viticultor epónimo o situados en las proximidades de estos. Pueden extenderse a los viñedos arrendados y situados en otro lugar, siempre que el viticultor epónimo asuma la dirección efectiva, y la responsabilidad del cultivo y de la recolección de las uvas.

No se aprecia lesión a la intimidad del trabajador, porque como ya se ha expuesto, dispuso de plazo suficiente, dos días, para acceder al correo corporativo y eliminar o reenviar todo el contenido personal del mismo que quisiera preservar, pudiendo también en ese plazo comunicar a sus remitentes una nueva dirección de correo electrónico para esos fines personales.

En el fallo, el magistrado hizo lugar a la acción tras establecer el incumplimiento contractual de la clínica y del médico tratante, por lo que los condenó a pagar solidariamente a la afectada la suma de $15.000.000 por daño moral y $3.811.140 por daño material, y un total de $15.000.000 por indemnización de perjuicios a cónyuge e hijos.

El interés expresado por la empresa compradora satisface cada uno de los criterios establecidos para determinar si una determinada información entra dentro del deber de informar: (1) conocimiento de la información, ya sea real o presunto, por el deudor de la obligación de informar; (2) importancia decisiva de la información en cuestión; (3) el hecho de que sea imposible que el obligado a informar se informe a sí mismo, o que el acreedor confíe legítimamente en el deudor de la obligación.

La conducta de la entidad bancaria para con el actor, no sólo resulta contraria al trato digno que merece todo consumidor de conformidad con la norma aplicable y el principio de buena fe que debe primar en toda relación contractual, sino que además denota un claro y grave desprecio por el derecho del contrario.

No nos hallamos ante un envío masivo de requerimientos, entre ellos a la demandante, en el que no consta la recepción, sino que también contamos con el hecho de que los efectuados a ella no constan devueltos, no existen circunstancias puestas de manifiesto por la actora sobre cambio de domicilio o que se hubiesen remitido las comunicaciones a una dirección incorrecta, ni tampoco se da un cambio de número telefónico.

La finalidad del derecho del consumidor a desistir de un contrato celebrado a distancia que tiene por objeto una prestación de servicios se cumple cuando el consumidor dispone, antes de la celebración del contrato, de una información clara, comprensible y expresa sobre el precio de los servicios objeto de dicho contrato, precio que se adeuda bien a partir del momento de celebración del contrato, bien a partir de una fecha posterior a esta.