De hacerlo, la magistratura incumple su mandato de imperio estatuido en el artículo 7 de la Constitución, así como el principio de inexcusabilidad, debido a que es el órgano idóneo para determinar si un conflicto contractual es de naturaleza civil, o se le deben aplicar las reglas del Código del Trabajo.

Si el despido es declarado improcedente, el demandado pierde la facultad de descontar el aporte, en razón de los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo, y el artículo 13 de la Ley N°19.728.

El máximo Tribunal sostuvo que la única causa legal para ejercer la facultad del artículo 13 de la Ley N°19.728, y descontar los aportes, es que el despido sea por la causal necesidades de la empresa; en la especie, el despido fue declarado improcedente y se ordenó al recurrente restituir los fondos descontados.

Si el despido es declarado improcedente, el empleador debe restituir los montos que descontó, en atención al inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728 en relación con los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal sostuvo que este es el verdadero sentido y alcance del artículo 13 de la Ley N°19.728.

El descuento se permite únicamente cuando la causal de despido es aquella contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa, y se acredita, lo que en la especie no ocurrió.

Solo si la causal del artículo 161 del Código del Trabajo es procedente y se acredita, el empleador podrá imputar a la indemnización por años de servicio lo que aportó al seguro de cesantía, en caso de no proceder dicha causal la retención debe ser restituida al trabajador.

El despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.

De lo contrario, el despido no tiene por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.

En tal caso, surge el derecho a los incrementos legales previstos en el artículo 168 del Código del Trabajo.