Se contravino lo dispuesto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, aplicándolo en una situación que la norma no regula, lo que influyó de manera sustancial en la parte dispositiva del fallo, ya que, en lugar de desestimar el incidente lo acogió.

Los vecinos alegan que la omisión denunciada permitió la expansión de la “toma”, trayendo como consecuencia contaminación, incivilidades y delincuencia en el barrio.

El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional al establecer que los recurridos actuaron según la normativa vigente con el objetivo de “proteger el derecho a la vida, la integridad física y la salud de personas que viven en terrenos con alta toxicidad”.

El propio recurrente o quien le arrienda tiene responsabilidad por las inundaciones, toda vez que la construcción de la conexión de alcantarillado es irregular y no está adecuada para soportar las lluvias.

No existen motivos jurídicamente válidos para declarar la rebaja del monto concedido a título de indemnización de perjuicios, como dispuso el laudo apelado.

El máximo Tribunal concluye que el proyecto del recurrente se ajusta al uso de suelo previsto en el instrumento regulador de la comuna.

De acuerdo al servicio, “es obligación del privado obtener las aprobaciones en los organismos pertinentes y financiar sus costos, ya que están beneficiando directamente a un mega proyecto inmobiliario”.

SERVIU se limitó a ejecutar un proyecto en un bien nacional de uso público que cuenta con la respectiva autorización de la Municipalidad de Conchalí.

La notificación de desalojo se justificó en un fallo firme y ejecutoriado producto de un juicio tramitado conforme a derecho.

La acción se funda en la no entrega del trabajo convenido por la demandada principal, motivado en el inicio del proceso de liquidación concursal.