Las resoluciones que excluyeron al actor de la referida cobertura carecen de la debida fundamentación.
No les es aplicable el Reglamento General para los Servicios de Bienestar aprobado por el Decreto Supremo N°28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El ente contralor autorizó al organismo a contratar sin sujetarse al criterio señalado en el Dictamen N°E173171 de 2022.
Se trata de apoderados autorizados, registrados y vigentes en los sistemas del organismo.
El pronunciamiento responde a las consultas planteadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
La normativa sectorial permite tanto a la SUSESO como a la COMPIN la recopilación de nuevos antecedentes que den cuenta de la condición de salud del afiliado, para así dar una respuesta fundada a la solicitud de autorización de licencias médicas y pago del subsidio de incapacidad.
La reeducación profesional permite que el trabajador inválido sea instruido en algún oficio o profesión que le permita utilizar su capacidad funcional residual.
El incumplimiento debe ser verificado por la COMPIN o la Isapre respectiva.
El monto quedó establecido en $4.297,27.
El pronunciamiento prevé las situaciones que pueden acaecer entre el 1 de agosto de 2022 y la fecha de publicación del Reglamento del subsidio.
