No parece que la medida preventiva adoptada hubiera sido el resultado de una evaluación individual y detallada de su comportamiento o de sus acciones que hubiera permitido fundamentar el riesgo de que pudiera contribuir a los disturbios temidos por las autoridades. Además, el examen judicial de la medida adoptada contra el demandante no fue acompañado de garantías procesales adecuadas.
La primera sentencia del Tribunal Supremo contenía conclusiones que prejuzgaban la cuestión de la culpabilidad del actor en los procedimientos posteriores. Además, el segundo fallo del Tribunal contenía un lenguaje similar al primero, demostrando que, en general, no había llevado a cabo un nuevo examen del caso.
El Gobierno no proporcionó razones pertinentes y suficientes para la revisión de condenas históricas por crímenes relacionados con el Holocausto. Por lo tanto, las absoluciones habían sido excesivas e innecesarias en una sociedad democrática, lo que llevó a una violación del artículo 8 leído conjuntamente con el artículo 14 del Convenio.
No se produjo ninguna privación retroactiva de las subvenciones. El sistema no había fijado un rendimiento específico de la inversión. Por el contrario, había sido flexible y podía reaccionar a los cambios en el entorno comercial. No se creó una “expectativa legítima” de que el retorno de la inversión seguiría siendo el mismo durante toda la vida útil de la instalación.
La decisión de imponer la prohibición se basó en datos objetivos y motivados, es decir, en las declaraciones y el comportamiento del demandante, no en suposiciones. De hecho, como señalaron las autoridades de inmigración y los tribunales nacionales, este no había negado el hecho de que apoyaba las acciones de la Federación Rusa en la península de Crimea.
Las apariencias de imparcialidad son igualmente importantes para garantizar la confianza del público. En este caso específico, no existen normas que aborden los posibles conflictos de interés de los miembros del Parlamento al decidir sobre las quejas de los solicitantes en los comités y en la sala en pleno.
Si bien las obligaciones jurídicas que surgen para los Estados en virtud de la Convención se extienden a aquellas personas actualmente vivas que, en un momento dado, caen dentro de la jurisdicción de una Parte Contratante determinada, está claro que es probable que las generaciones futuras soporten una carga cada vez mayor, a causa de las consecuencias de los actuales fracasos y omisiones en la lucha contra el cambio climático.
El marco legal moldavo existente no cumple con el deber del Estado (“obligación positiva”) de establecer y aplicar efectivamente un sistema que brinde protección a las personas con discapacidad intelectual en general, y a los niños privados del cuidado de sus padres en particular, contra graves violaciones de su integridad, en contravención del artículo 3 del Convenio.
En vista de las presentaciones del demandante, sus actividades como activista y su persistente negativa a servir en el ejército a pesar de las medidas adoptadas contra él, se debe estimar que su objeción estuvo motivada por convicciones o creencias de suficiente contundencia, seriedad, cohesión e importancia en razón del artículo 9 del Convenio.
El TEDH ha adoptado esta postura favorable a la legislación sobre bienestar animal de estos territorios (religiones musulmana y judía, en las regiones de Flandes y Valonia, Bélgica, a pesar de que las normas europeas, que obligan a aturdir a los animales para evitar su sufrimiento, consideran los motivos religiosos una excepción.
Los autores aclaran que el Protocolo Adicional permitirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos añadir a su clásica labor de regañar a los Estados, la de aconsejar a los mismos en el marco del diálogo entre tribunales.
