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Sobre la ley destinada a proteger los derechos de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica.

Por Felipe Silva Barros, U. Central

La ley tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial, su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.

La salud mental es definida por la ley como:

Se entiende por salud mental un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la salud mental consiste en la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico.

La enfermedad o trastorno mental es definida por ley como:

Se entenderá por enfermedad o trastorno mental una condición mórbida que presente una determinada persona, que afecte en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.

Persona con discapacidad psíquica o intelectual es definida por ley como:

Es aquella que, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

 

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18 de noviembre de 2022

Muerte gestacional o perinatal: Contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre, u otra persona gestante.

Por Daniela Martínez Carvajal, U. Central

Desde siempre, tener hijos ha sido un proceso natural, pero con el avance de la sociedad y la tecnología, ha habido cambios en todo lo que concierne a la concepción, el embarazo y el parto. Por ejemplo, existe la posibilidad de ver el bebé durante la gestación a través de una ecografía desde el principio del embarazo. Esto permite saber precozmente si hay algún problema pero, sobre todo, facilita el apego de los padres con el hijo que esperan. De esta forma, los padres empiezan a sentir por este hijo y a considerarlo uno más de la familia desde el principio. Por lo tanto, cuando se produce un aborto, para los demás puede ser algo con poca importancia, ya que tiende a ser una pérdida socialmente invisible, pero para los padres significa la pérdida de un hijo al que ni siquiera han podido llegar a conocer.

Aquí es cuando aparece el duelo perinatal, que es aquel que surge de la pérdida del bebé durante el embarazo, el parto o los primeros días de vida. Son muy diversas las causas que pueden llevar a una pérdida de este tipo, aunque la mayoría de las veces no se llega a determinar exactamente.

10 de noviembre de 2022

Paola Tapia, Directora del Transporte Público Metropolitano: «Una buena parte de las personas evadían porque sentían que el servicio no era de calidad. Un foco para combatir la evasión está en mejorar la calidad del servicio de transporte público».

Ante los actuales temas que han estado en la palestra pública el último tiempo, respecto al transporte público, Paola Tapia Salas, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, docente y actual Directora del Transporte Público Metropolitano, nos brinda la siguiente entrevista y responde las interrogantes.

Vea entrevista completa

28 de octubre de 2022

¿Cuáles son mis derechos y deberes al ser paciente en el sistema de salud?

Por Nacor Santolalla, Universidad Central

Al momento de acudir a un centro de salud, debes saber que cuentas con una serie de derechos que te protegen. En este artículo revisaremos las principales disposiciones de la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes de los pacientes en el sistema de salud chileno.

Si no sabes cuáles son tus derechos en salud, te recomiendo escuchar el video o leer el siguiente artículo.

19 de octubre de 2022

Sistemas de Justicia, Consejo de la Justicia y Corte Constitucional: ¿Son los cambios que se necesitan?

El Seminario «Sistemas de Justicia, Consejo de la Justicia y Corte Constitucional: ¿Son los cambios que se necesitan?», pertenece al Ciclo «La última milla: seis discusiones sobre la propuesta constitucional».

Se discutieron algunos aspectos fundamentales del texto final con el objeto de contribuir a su discernimiento.

Expusieron
Eduardo Aldunate. Abogado y profesor de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Constanza Salgado. Abogada y profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez.

Moderó
Pablo Fuenzalida. Investigador, Centro de Estudios Públicos.

30 de julio de 2022

A favor del rechazo del texto constitucional: Entrevista a Víctor Manuel Avilés Hernández, abogado, profesor, Magíster en Derecho con mención Derecho Tributario de la U. Chile.

Actualmente, en Chile acaece un proceso histórico que marcará un antes y un después; el Proceso Constituyente liderado por una serie de convencionales previamente elegidos por la ciudadanía, siendo esto objeto de múltiples debates, discusiones, noticias y escritos, y que el domingo 4 de septiembre de 2022 se realizará el «Plebiscito Constitucional de Salida», instancia donde los ciudadanos deberán votar Apruebo o Rechazo al texto constitucional propuesto por la Convención, que hoy sigue trabajando al respecto.

13 de mayo de 2022

Seminario de justicia constitucional y acción de inaplicabilidad.

Emilio Pfeffer, profesor de Derecho Constitucional y director de Diario Constitucional, afirma que «los textos constitucionales deben ser normas vivas que puedan ser susceptibles de exigibilidad material. El texto constitucional de 1980 a través de la acción protección se aproximó a la ciudadanía, que empezó a darse cuenta sobre la vulneración, y ésta permitió dar vida concreta a la norma jurídica y la reparación de los Derechos Fundamentales».

Añade que «la Convención Constitucional propone que el conocimiento de la acción de tutela (antigua acción de protección) sea conocida por la judicatura ordinaria. Cabe recalcar que la nueva acción de tutela no procede contra las resoluciones judiciales. Esta situación lejos de fortalecer la defensa de la persona frente al Estado o particulares, representaría una regresión en contra la supremacía constitucional. La nueva Corte Constitucional queda muy disminuida, por ejemplo, el control preventivo queda opacado».

Afirma además que «el nuevo control de inaplicabilidad debe hacerse en abstracto, por lo que ahora se configura como un control político por parte de la justicia constitucional, afectando la imparcialidad de esta última».

También el director de Diario Constitucional asegura que «la ciudadanía requiere acceso a la justicia, por lo que necesita un mecanismo eficaz de protección de sus derechos fundamentales. La norma aprobada por la Convención Constitucional en este sentido tiene un déficit, debido a que los jueces de inferior instancia, no tiene la experiencia suficiente, también debemos considerar el tiempo de tramitación de las causas en tribunales inferiores, que resulta ser significativamente superior a los tiempos de tramitación de los actuales recursos de protección por parte de las Cortes de Apelaciones».

José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo del Observatorio Judicial, plantea dos consecuencias de la nueva acción de inaplicabilidad:

a) Al restringir la inaplicabilidad solamente al juez o jueza de la causa, produce un debilitamiento del principio de supremacía constitucional, volviendo a la situación anterior a la reforma del 2005, lo que la acción de tutela se constituiría como la única vía de control de constitucionalidad.

b) Los jueces sólo accionarían de inaplicabilidad por las causas más complejas, por lo que el control de constitucionalidad quedaría a la propia comunidad jurídica, esto no sería optimo. Lo mejor es que se mantenga la acción de inaplicabilidad, tal como la estableció el constituyente de 1980

José Ignacio Vásquez, ministro del TC,  señala que «el sistema de justicia constitucional no tan sólo debe comprender la acción de inaplicabilidad interpuesta por el juez o jueza de la causa, sino que también la incorporación de las partes del proceso resulta fundamental. La experiencia pasada indica que el conocimiento de la acción de inaplicabilidad por la Corte Suprema no resultó ser satisfactorio, debido a los marcados criterios legalistas sostenidos por ésta».

 

 

11 de mayo de 2022

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