Con prevención.
Corte de Rancagua confirmó resolución que no dio lugar al arresto solicitado en juicio de cobranza laboral.
El apremio se contempla en el artículo 12 de la Ley N°17.322.
La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Santa Cruz, que no dio lugar al arresto solicitado por la Administradora de Fondos de Cesantía en juicio de cobranza laboral.
La ejecutante interpuso demanda en juicio de cobranza laboral en contra de una empresa empleadora que debía el pago de una cotización previsional devengada el año 2011 por la suma de $12.675 y cuya última liquidación ascendió a $123.048.
En razón de haberse requerido de pago y no habiendo opuesto excepciones la ejecutada ni consignado la suma adeudada dentro del plazo legal, la ejecutante solicitó la medida de apremio de arresto del representante legal de la empleadora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°17.322.
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