El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley y los principios de proporcionalidad y de legalidad, desde que se le obliga a pagar multas e intereses penales compuestos que exceden todo criterio de racionalidad por ser extremadamente cuantiosos, beneficiando discriminatoriamente a los ex funcionarios, a través de una medida que resulta completamente inidónea para obtener una finalidad disuasiva.
Los requirentes exponen que, a diferencia del proceso ejecutivo en sede civil, en materia laboral el impulso procesal no está radicado en las partes, sino en el tribunal, en cuanto tiene que velar por los derechos y garantías constitucionales del trabajador.
Al excluir la procedencia del abandono del procedimiento, el legislador persigue una finalidad que es legítima: no solo busca asegurar la vigencia de la igualdad ante la ley, sino además da vigencia a la protección al trabajador.
La requirente fue parte de un juicio de lato conocimiento en que tuvo la oportunidad de oponer excepciones, contestar la demanda, promover incidentes, presentar prueba e impugnar la sentencia. Tuvo la oportunidad de participar activamente ejerciendo su derecho a defensa, por lo que se le han respetado las garantías del debido proceso.
Requirente alegó que la norma impugnada vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.
El requirente alega que la norma impugnada atenta contra el debido proceso.
El requirente alega que se produce una limitación a sus posibilidades de defensa, transgrediéndose sus garantías a un debido proceso e igualdad ante la ley.
El requirente alega que la imposibilidad de apelar resoluciones dictadas en el procedimiento de cobranza produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.
En caso contrario, sus decisiones incumplen con la exigencia del artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, lo que configura el vicio de nulidad formal del artículo 768 N°5 del mismo cuerpo legal.
La suma adeudada había sido retenida por la Tesorería General de la República en el año 2014, pero fue consignada en la cuenta del tribunal cinco años después.
Afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica.
