Reparos: El movimiento en las subcomisiones
Una semana movida para las subcomisiones del Consejo Constitucional. Aunque, no libre de reparos. La atención se centró en la de Función Jurisdiccional y Organismos Autónomos, que recibió la exposición del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, del ministro de la Corte Suprema, Jorge Dahm y la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares.
El objetivo era simple: Dar a conocer su opinión respecto a las enmiendas propuestas al Capítulo X sobre Justicia Electoral y Servicio Electoral.
Entre las indicaciones, Tagle hizo hincapié en que, respecto a las elecciones primarias, se hicieran en elecciones uninominales, es decir, en los sufragios para escoger Presidente, Gobernador y Alcaldes.
Por otra parte, mostró su preocupación por el umbral del 5%. Esto dado que consideró que se deben tener en cuenta las y los senadores y diputados que se elijan tanto mutuamente como quienes estén en ejercicio. Además, señaló que la norma omite a las y los senadores respecto a este umbral.
En cuanto al voto indígena, explicó que la posición del Servel es que cuando existan elecciones conjuntas, quienes obtengan la papeleta indígena deberían restarse obligatoriamente del padrón normal.
Uno de los puntos que manifestaron el comisionado experto, Hernán Larraín (UDI) y la comisionada experta, Catalina Lagos (PS) fue el voto de personas con discapacidad o interdictas por demencia.
Para Lagos, “la solución no pasa por reponer esa suspensión al derecho a sufragio de las personas interdictas por demencia, sino que más bien por hacer las adecuaciones o ajustes razonables”. En tanto, Larraín manifiesta que “la legislación está excluyendo de participar en la vía jurídica a personas que sí tienen derecho a hacerlo”.
En tanto, el jueves 3 de agosto la misma subcomisión recibió al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien hizo reparos a las enmiendas presentadas al Capítulo XI sobre la Contraloría General de la República.
Lo que llamó fuertemente la atención de su exposición es que, luego de entregar su opinión sobre las propuestas, manifestó que si le dieran la opción de elegir –sin estar en su actual puesto– “me quedaría con el texto de la Comisión Experta y no aprobaría estas enmiendas”.
¿La razón? La máxima autoridad fiscalizadora considera que las enmiendas presentadas “no van en la dirección correcta y no es lo que espera la sociedad chilena respecto de un control administrativo”.
La subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales no estuvo exenta de miradas. Esto dado que se recibió a Alfredo Sierra, doctor en derecho de la Universidad de Chile, y Jorge Acosta, médico cirujano de la Universidad Católica, fue en representación del Instituto Res pública.
Este último, manifestó la importancia de la colaboración público-privada y la libertad de elección entre los aseguradores de salud. Un tema que despertó al oficialismo, calentó los ánimos y reaccionó a la exposición.
Tanto Christian Suárez (Ind-PS) como Karen Araya (PC) reaccionaron. Suárez, comentó que al parecer existe un exceso de principio de subsidiariedad mal entendido. Araya, por su parte, se refirió al tiempo que tienen para discutir las enmiendas y emplazó al segundo invitado argumentando que no era labor de dicho invitado proponer enmiendas.
La respuesta de la oposición vino por parte de Germán Becker (RN), quien preside la subcomisión. El consejero constitucional puso paños fríos a la situación y expresó que no hay porque dramatizar, puesto que considera que existe tiempo y que muchas de las enmiendas se discutirán muy rápido.
Es importante mencionar que este tema no es el único que ha sido materia de discusión, puesto que el debate también se ha centrado en temas como el aborto, la libertad sindical y ciertas enmiendas presentadas al Poder Judicial.
Una de las visitas que atrajo las miradas, fue la presencia del expresidente Ricardo Lagos, quien expuso en la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado.
Lagos felicitó a la Comisión Experta por el trabajo realizado para alcanzar la redacción del anteproyecto presentado. Por otro lado, mostró su preocupación por las ideas identitarias dentro del Consejo, algunas que considera se ven reflejadas en las enmiendas, sobre todo, del Partido Republicano.
“Lo que no puede presentarse es que una determinada identidad se imponga entre aquellos que no la comparten. Lo que no corresponde es transformarla en un valor en sí mismo, en un deber constitucional”, expresó el exjefe de Estado.
No todo sucede dentro de los salones. A las afueras de la puerta que da entrada al ex Congreso, la Mesa Directiva y sus respectivos delegados y delegadas dieron a conocer una noticia para el nuevo paso del Consejo Constitucional.
Hay un doble acuerdo. Un cronograma y entablar una Mesa de Coordinación de Trabajo. Esto con el objetivo de acordar el funcionamiento para la discusión de las más de mil enmiendas que presentaron las y los consejeros constitucionales.
Según lo indicado, desde el 7 de agosto se dará inicio a la revisión y exposición de las enmiendas en cada comisión. Luego, desde la semana del 14 de agosto se va a discutir cada una de las enmiendas y dependiendo del avance “entre la semana del 21 de agosto y –con toda certeza– a partir de la semana del 28 se va a empezar a producir la votación en comisiones”, señaló la consejera constitucional, María Pardo (CS).
Ahora bien, el objetivo de la mesa de Coordinación, sería tener una visión conjunta –de las y los delegados– respecto de las enmiendas y la disolución que se vaya dando. Vale decir que el movimiento entre las subcomisiones y esta mesa es bidireccional, por lo que dichas comisiones se podrán sumar a la discusión.
El reclamo oficialista ante la Corte Suprema
Las más de mil enmiendas causaron estragos dentro del Consejo Constitucional, sobre todo algunas presentadas por el Partido Republicano. El derecho a la vida del que está por nacer, volver al quórum de dos tercios para reformas constitucionales y reponer el control preventivo sustantivo, son algunas de las enmiendas que propone la derecha que eventualmente podrían causar que el oficialismo llame a rechazar el proyecto a nueva Constitución final.
Sin embargo, la enmienda republicana y de Chile Seguro, que propone crear un capítulo especial sobre las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, llevó al oficialismo a tomar medidas y recurrir ante la Corte Suprema. Los consejeros oficialistas alegan que se están infringiendo las normas del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional. En este sentido, se reclama que el Consejo solo tiene las facultades de modificar, adicionar o suprimir normas, y no adicionar capítulos.
Un segundo reclamo se encamina a denunciar que se han admitido a tramitación enmiendas que el Reglamento de Funcionamiento no autoriza, como son las que modifican la denominación de capítulos en la estructura aprobada por la Comisión Experta
Finalmente, un tercer reclamo se dirige a denunciar que se han admitido a trámite diversas enmiendas que no cumplen con requisitos formales exigidos, como no expresar de manera precisa la modificación que se propone.
La posición que tomó el oficialismo fue argumentada por la consejera constitucional, María Pardo (CS), quien mencionó al Diario Constitucional que “es muy necesario que las chilenas y chilenos podamos vivir en ambiente seguro, libre de violencia y con tranquilidad. Eso incluye que las víctimas tengan un debido acompañamiento y que nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad tengan las facultades y herramientas necesarias para hacer frente al fenómeno delictual. Desde nuestro punto de vista, todo esto, no se logra con un capítulo extra. Eso lo vemos relacionado con las intenciones comunicacionales y políticas. Presentamos enmiendas sobre seguridad que demuestran nuestra preocupación por solucionar los problemas concretos de las personas en materia de seguridad”.
Para nombrar a los jueces que integran el máximo tribunal que revisará la reclamación contra el Consejo Constitucional, el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes realizó un sorteo de once ministros y ministras que tramitarán el requerimiento. El tribunal especial para estos efectos quedó integrada por: la ministra Andrea Muñoz Sánchez, que ejercerá como presidenta; los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Arturo Prado Puga, Mario Carroza Espinosa y la ministra María Cristina Gajardo Harboe.
Comenzó el mes de agosto con una desalentadora noticia para el oficialismo. La Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de reclamación presentados por la izquierda. La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra Muñoz y del ministro Dahm, quienes fueron partidarios de acoger a tramitación el recurso, con los fundamentos que desarrollan .
La Sala Especial consideró que no se dio cumplimiento a los requisitos de presentación, al no haberse acompañado certificación de la calidad de consejeros de los recurrentes.
El fallo señala que el número suficiente de firmantes constituye un requisito esencial para la admisibilidad del libelo en cuestión, cuyo cumplimiento debe acreditarse a través de un documento que certifique que, en este caso, quienes lo suscriben constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.
Ante los hechos, la Mesa Directiva del Consejo se refirió al tema. Aunque las opiniones fueron divididas. La presidenta del Consejo, Beatriz Hevia (Partido Republicano), expresó que el reclamo oficialista podría significar un posible retroceso para la discusión de enmiendas. Mientras que, Aldo Valle, vicepresidente socialista, consideró que “no tiene ningún efecto suspensivo respecto de la deliberación y del proceso que debe llevar a cabo el Consejo. Ahora claro, puede generar interpretaciones y ánimos distintos”.
Ante la decisión, el oficialismo decidió reponer el requerimiento. Días después, la Corte Suprema dejó sin efecto su resolución que desestimó el requerimiento de los partidos Comunista, Socialista, Revolución Democrática y Convergencia Social, por lo que declaró admisible el reclamo interpuesto, dejando sin efecto su propia resolución.
La máxima instancia, solicitó a la Presidencia del Consejo Constitucional un informe que deberá indicar “lo pertinente respecto al vicio que se reclama, su carácter esencial o no, y referirse a los efectos del acto impugnado”. La presidencia tendrá un plazo de dos días para entregar el informe requerido desde el día de notificación.
Los hechos elevaron el debate dentro de los medios comunicacionales. Así lo expresó una columna de opinión, Jorge Correa Sutil, quien expresó que los consejeros están haciendo más política simbólica que constitucional.
¿Qué pasará con el reclamo oficialista ante la Corte Suprema? ¿Se crisparán aún más los ánimos dentro del Consejo Constitucional? Esto está por verse en los próximos días en las salas del ex Congreso.