¿Tipificar el ingreso clandestino de migrantes a Chile es una vía para mejorar la seguridad ciudadana?

La comunicación del despido no ha logrado cumplir el recaudo de expresar de forma «suficientemente clara» los motivos en que se pretendió fundar la ruptura contractual. Por lo tanto, en la especie, la comprobada existencia de antecedentes del actor carece de conexión con un hecho presente.

El Estado argentino habría incurrido en presuntas violaciones de los derechos a la vida, integridad personal y protección a la niñez, así como a las garantías procesales y protección judicial, en relación con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La regulación establece criterios para la identificación de «usuarios de especial relevancia», definiéndolos como aquellos individuos cuyos ingresos anuales superan los 300.000 euros derivados de su actividad audiovisual y que cuentan con un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos, o dos millones de seguidores en el conjunto de su actividad.

Las series han cambiado y nos muestran una forma de hacer política más cruda, no sé si más real. Ya no prima tanto el «buenismo de los personajes» que encarnaban el presidente Bartlet y su equipo en El ala oeste de la casa Blanca, donde la ética y la moral eran intachables, como una especie de cruzada contra el mal. Sus guionistas resaltaban el idealismo, el sentido del deber, de los límites del poder y, sobre todo, del trabajo en equipo. Algo que también se refleja en Borgen, aunque de forma más real, más cruda.

En virtud de un informa parlamentario, en el cual se señala un cambio en la percepción social, donde conductas previamente toleradas ahora son consideradas inadmisibles.

Sirviéndose de su cargo y de su acceso directo a la elaboración y contenido de los listados oficiales de personal y residentes en centros residenciales dependientes, la acusada -pese a conocer que no tenía por entonces derecho a ello, por no hallarse entre las personas incluidas en los colectivos prioritarios-, había decidido unilateralmente su inclusión en el listado oficial de personas a vacunar.

Teniendo en cuenta la amplia discreción del Estado (“margen de apreciación”) para determinar lo que es de interés público, el fuerte consenso en el derecho internacional y europeo con respecto a la necesidad de proteger los objetos culturales de la exportación ilegal y devolverlos a sus países de origen y la conducta negligente del Getty Trust, se debe considerar que la orden de confiscación fue proporcionada.

Una medida que implique la infiltración de dispositivos terminales con el fin de recopilar datos de tráfico, localización y comunicación de un servicio de comunicación basado en Internet debe notificarse al Estado miembro en el que se encuentre el objeto de dicha medida. La autoridad competente de ese Estado miembro tiene entonces derecho a indicar que esa interceptación de telecomunicaciones no puede llevarse a cabo.

Si se descubren infracciones durante el curso de la investigación, la Comisión está facultada para imponer medidas correctivas. Dichas medidas podrían incluir requerimientos dirigidos a Meta para remediar las deficiencias detectadas en sus plataformas, con el fin de garantizar elecciones europeas libres y justas, así como para prevenir futuras perturbaciones y manipulaciones dentro del ámbito de su competencia.