El máximo Tribunal ibérico rechazó, la posibilidad de que el recurso pierda su finalidad si eventualmente se le diese la razón sobre el fondo.
La protección de las aguas retrasada dice relación a la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura.
La muerte de Jerhy Rivera viene ahora a interpelar nuevamente a las autoridades sobre su accionar con respecto al clima de violencia y de impunidad campante que persiste en la zona de Térraba, y que mantiene profundamente indignadas a las comunidades indígenas, cuyos legítimos reclamos siguen sin obtener una respuesta por parte del Estado costarricense.
El Tribunal Supremo de España acogió el recurso de la sociedad Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U. (AUDASA) contra el Real Decreto 803/2017, de 28 de julio, por el que se modificó el Convenio entre la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia y AUDASA.
El filósofo austriaco Karl Popper en su obra «La sociedad abierta y sus enemigos», publicada en el año 1945, formuló la denominada «Paradoja de la Tolerancia». Con ella intentaba alertar sobre los peligros de ser excesivamente permisivo con las ideologías extremistas.
Corte Constitucional de Perú señaló que la aplicación de las medidas denunciadas resulta desproporcionada y configuran una transgresión a los derechos a la propiedad, al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito.
El máximo Tribunal ibérico explicó que el Convenio impugnado, solo valoró los servicios continuados, y entendió como relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si el trabajador/ra es nuevamente contratado.
La responsabilidad patrimonial podrá reconocerse si la Administración sanitaria no prueba la adopción de medidas profilácticas o preventivas para sortear dicha infección en quienes se encuentran ingresados por otras patologías, acreditando el cumplimiento del estándar de funcionamiento del servicio sanitario en cada enfermo.
El Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condenó a A.R.R a la pena de 29 años y nueve meses de prisión y a S.P.R. a la pena de 26 años y nueve meses de prisión.
El Tribunal Supremo de España consideró que comete un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.7 del Código Penal quien difunde imágenes obtenidas con el permiso de la víctima que afecte gravemente a su intimidad.
