Un aspecto destacado del proyecto es la creación de un nuevo tipo de delito: la difusión ilícita de contenidos generados o manipulados con sistemas de IA diseñados para engañar sobre su autenticidad. Esta conducta será penalizada con penas que van de uno a cinco años de prisión si resulta en “daños injustos”.
Si bien no procede el recurso extraordinario cuando se pretende revisar las decisiones de los tribunales de la causa en materia de admisibilidad de los recursos por tratarse de un aspecto de naturaleza procesal, esta Corte ha establecido excepciones a esa regla general cuando la resolución apelada conduce, sin fundamentos adecuados, a una restricción sustancial de la vía utilizada que afecta el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
En el caso del proyecto de resolución recomendando por parte del Consejo de Seguridad la admisión de Palestina, y votado el pasado 18 de abril, la votación registrada fue la siguiente: 12 votos a favor, uno en contra (Estados Unidos) y dos abstenciones (Suiza y Reino Unido).
La primera sentencia del Tribunal Supremo contenía conclusiones que prejuzgaban la cuestión de la culpabilidad del actor en los procedimientos posteriores. Además, el segundo fallo del Tribunal contenía un lenguaje similar al primero, demostrando que, en general, no había llevado a cabo un nuevo examen del caso.
Se concluyó que tal conducta perturba el ejercicio de funciones públicas, puesto que las imágenes fueron transmitidas en vivo a través de la plataforma oficial de la Cámara Baja.
La Corte se muestra escéptica a la inmunidad absoluta de Trump al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas por la inmunidad presidencial y no aquellas que tienen carácter personal, aunque el debate prosigue.
Se deben resarcir los gastos que la lesión produce en el desarrollo de la vida ordinaria del lesionado hasta el final del proceso curativo o estabilización de la lesión y su conversión en secuela, siempre que se justifiquen y sean razonables en atención a sus circunstancias personales y familiares.
Marbury vs. Madison no se constituye únicamente en un acto judicial que indica el deber de anular todo aquello que contradiga la Constitución. Marbury vs. Madison es el ejercicio de descubrir lo superior y dar a la supremacía su lugar, y no simplemente porque es primero, sino porque es conveniente para la convivencia social.
La aprobación de esta ley responde a las demandas planteadas por los ciudadanos en las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en relación con la lucha contra la trata de seres humanos en cooperación con terceros países, el abordaje de los desafíos en las fronteras exteriores y la seguridad de los migrantes.
El Gobierno no proporcionó razones pertinentes y suficientes para la revisión de condenas históricas por crímenes relacionados con el Holocausto. Por lo tanto, las absoluciones habían sido excesivas e innecesarias en una sociedad democrática, lo que llevó a una violación del artículo 8 leído conjuntamente con el artículo 14 del Convenio.
Las instancias recibieron respaldos transversales de las y los diputados. En general todas proponen cambios legislativos.
