la concurrencia de ese interés público se deriva, ante todo, del hecho de que se trata del primer recurso de amparo en el que se enjuicia desde la óptica del derecho fundamental a la libertad personal, un caso de internamiento psiquiátrico urgente, con las peculiaridades que éste presenta en nuestro ordenamiento al acordarse ab initio sin control judicial, conforme luego veremos. Y en segundo lugar, en razón a que el colectivo al que afecta esta medida es con alguna frecuencia el de las personas

la jueza Elizabeth Odio estimó que debería haberse impuesto la pena de 15 años de presidio, dado el daño causado a las víctimas y sus familias, sobre todo considerando las agresiones y violencia sexual sufridas por las víctimas.

cuando el porte o la conservación recae sobre sustancia estupefaciente sicotrópica o droga sintética, en cantidades comprendidas incluso dentro de la categoría de dosis personal, pero destinadas no al propio consumo sino a la comercialización, o incluso a la distribución gratuita la conducta será penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar el bien jurídico de la salud pública.

La Constitución de George Washington se vendió en la casa Christie's, Nueva York en US$10 millones.El libro, con la copia personal de la Constitución de Estados Unidos de América, tiene 223 años, se encuentra “forrado en cuero, se encuentra en condiciones prístinas e incluye las notas al margen escritas a puño y letra por el […]

las disposiciones que expanden el sistema público de salud, que provee asistencia a los sectores socioeconómicamente más desaventajados y a los inválidos, son contrarias a la Constitución, por cuando el Congreso Federal habría excedido su ámbito competencial al obligar a los Estados federados a participar en este programa amenazándolos con la pérdida de ciertos subsidios federales actualmente en vigor.

se corre el serio riesgo de restringir los derechos civiles de los inmigrantes –discriminándolos por su origen étnico o racial– que, en Estados Unidos, representan alrededor del 16% de la población.

“no basta tan solo con ser prudentes”, sino que además se debe actuar, pudiéndose barajar como opción el recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para establecer si estos caminos de destitución”, “pueden considerarse verdaderamente democráticos, porque eso nos daría una solución institucional a este problema».

por el sistema establecido en la Constitución Nacional el llamado juicio político es un mecanismo de control del Congreso sobre la gestión de algunos altos funcionarios con el objeto de que éstos, en caso de incurrir en mal desempeño puedan ser removidos del cargo.

el Estado debe adoptar, dentro de los plazos acordados, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, al tiempo que se deberá implementar medidas de carácter inmediato tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, así como medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros, entre otras medidas

la Constitución no contiene reserva competencial alguna a favor del Estado en el art. 149 CE, habiendo sido asumidas dichas competencias por la Comunidad Autónoma de Cataluña a través de su Estatuto de Autonomía cuyo actual art. 134 (antes art. 9.29 EAC) define como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cataluña la materia de deporte, listando una serie de submaterias que “en todo caso” deberán considerarse incluidas en la noción de “deporte” a efectos competenciales.