La Universidad de Playa Ancha -sin ninguna investigación sumaria previa- determinó que el pago de la asignación doctoral del actor fue mal percibido por 10 años, al considerarse un doctorado cursado de forma conjunta en dos universidades como dos grados académicos diferentes, por lo que ordenó la restitución de dicha asignación mediante el descuento del 15% de la remuneración del recurrente, decisión que vulneró el debido proceso y el derecho de propiedad del profesor.

La magistratura estimó que la acción contenida en la Ley Nº19.880 no es aplicable al ente persecutor, por existir mandato constitucional expreso que lo impide, y en tal sentido desestimó la acción cautelar, al corroborar que las víctimas no controvierten el obrar del Fiscal Regional recurrido, sino la posibilidad de quejarse ante el Fiscal Nacional.

El recurrente acusó que por años la empresa estatal le ha negado el acceso a El Teniente, por estar en una lista de personas con acceso prohibido a las dependencias de la minera, debido a un incidente ocurrido en 2017. Por su parte, Codelco refirió que el actor no se encuentra en ninguna lista de inhabilidades, por lo que puede solicitar cuando quiera el permiso de acceso.

La actora intentó revertir el acto que no renovó su continuidad para el período 2024, esgrimiendo el principio de confianza legítima, sin embargo, la magistratura estimó que no puede configurarse dicho principio en favor de la recurrente debido a que sólo estuvo vinculada a la administración por un plazo de 2 años, por lo que no era necesario un acto fundado para terminar la relación entre las partes.

El acusado intentó anular la condena argumentando que los agentes policiales no actuaron frente a un delito flagrante, pues la detención del encartado se produjo por investigaciones autónomas no autorizadas por la justicia durante la etapa de “agotamiento” del delito de robo; idea que fue desechada por el máximo Tribunal, al observar que el acusado no controvirtió el hecho de poseer un bien encargado por robo días atrás.

El municipio rechazó la solicitud al confundir la obra nueva -construcción de una portería-, con un permiso para subdividir los lotes del predio, error que la llevó a exigir requisitos que la ley no contempla para las obras nuevas; por lo tanto, el máximo Tribunal estimó que la resolución recurrida adolecía de ilegalidad.

La magistratura hizo lugar a una demanda de precario, entablada contra un particular que usurpó una de las edificaciones de la empresa estatal, fundado en que “se la entregó materialmente una fundación educacional”, lo que en la especie no constituye nexo jurídico alguno que habilite la ocupación del sitio.

En la oportunidad Cartagena explicó a los asistentes los objetivos de la Cámara Minera de Chile e hizo un análisis de la situación minera nacional, destacando la importancia que este sector tiene para el país y las buenas perspectivas que se proyectan para la industria del cobre y litio, en precios de los metales, demanda de minerales, distribución del royalty, acceso a Salares por privados y las modificaciones al Título XV del Reglamento de Seguridad Minera. 

El actor intentó obtener por medio de la acción cautelar una calificación de enfermedad profesional, respecto del padecimiento psiquiátrico que lo afecta, finalidad que excede los límites del recurso de protección, y que evidencia la absoluta ausencia de un derecho indubitado del recurrente.

Los recurrentes denuncian que la empresa no ha adoptado las medidas suficientes para reducir la contaminación acústica, producida por quienes arriendan las canchas para practicar el deporte, por lo que el máximo Tribunal, ordenó a la recurrida tomar las acciones pertinentes para disminuir los ruidos molestos.