El letrado acusó un “monopolio” de las revalidaciones por parte de la casa de Bello, y que, desde que decidió iniciar un movimiento para hacer cumplir el artículo 143 de la Ley de Migraciones -que permite a todas las universidades del país revalidar títulos de profesionales foráneos-, las autoridades universitarias lo han discriminado arbitrariamente al negar sin fundamentos la posibilidad de ingresar por segunda vez al proceso de homologación.

El Servicio no tuvo en consideración el reconocimiento presunto que el padre de los recurrentes hizo al momento de otorgarles su apellido, por lo que no puede fundar el rechazo de la rectificación en que los actores carecen de filiación determinada, debido a que tal aserto los discrimina arbitrariamente al exigirles algo que excede los márgenes del ordenamiento.

El funcionario no dio cuenta oportunamente de la pérdida de un televisor que estaba bajo su custodia, merma que fue advertida por otros funcionarios que realizaron un inventario de la bodega en que el recurrente trabaja, lo que evidenció la falta de diligencia del actor en cuidar los bienes fiscales sujetos a su responsabilidad.

El máximo Tribunal sostuvo que el derecho a la educación comprende la entrega del título universitario, sin que sea óbice invocar como impedimento la deuda de estudios de la recurrente, pues la casa de estudios puede cobrar la deuda mediante las acciones que le otorga la ley.

La actitud de la recurrida constituye un intento de implementar justicia por mano propia, en circunstancias que puede acudir a la magistratura ordinaria para regularizar la inscripción de la servidumbre y resolver el litigio con sus vecinos, a quienes privó ilegalmente de la única vía de acceso a sus inmuebles.

El máximo Tribunal estimó que los sentenciadores no explican por qué prefirieron los testigos de oídas que respaldaban la declaración de la víctima. Asimismo, cuestionó el hecho que se haya considerado como causa del aborto espontáneo sufrido por la víctima, al golpe en la zona genital propinado por la acusada, en circunstancias que los peritos médicos declararon en juicio que es normal la interrupción espontánea del embrazo en las primeras semanas de gestación, como ocurrió en la especie.

Tribunal vulnera el principio de la “razón suficiente”, si no reflexiona acerca de cómo estimó que el acusado era culpable de tráfico de drogas, por el mero hecho de ser detenido en una habitación independiente al local donde se encontraron las sustancias ilícitas.

El actor pidió el reconocimiento de asignaciones propias de un grado al que fue ascendido con posterioridad a su retiro, por lo que Contraloría no tomó razón de dicha reliquidación, y el Departamento de Pensiones de Carabineros mantuvo la pensión en su cálculo original.

El afectado intentó revertir la retención, alegando que en 2017 saneó todas las deudas que mediante en un procedimiento de liquidación concursal, siendo rehabilitado en el año 2019, sin embargo, no incluyó el crédito solidario dentro de la masa total de deudas; por lo tanto, la retención solicitada no es arbitraria ni ilegal.

La empresa ENEL, al ser quien exige el pago de la deuda, debía probar que el demandado efectivamente tenía el dominio sobre el inmueble que recibió el servicio, no siendo instrumento útil la boleta del suministro, por lo tanto, los jueces de fondo yerran al invertir la carga de la prueba y pedir al demandado que acredite que no es dueño del predio que generó la deuda.