La medida fue adoptada sin instruir ninguna investigación en contra del recurrente, ni darle la oportunidad de controvertir, defenderse, y aportar pruebas; por lo tanto, la institución no respetó las garantías básicas del debido proceso y tal castigo fue dejado sin efecto por la magistratura.

En el marco de la causa denominada “tren de Aragua”, el Juzgado de Garantía de Arica decretó la comparecencia personal de seis imputadas a la audiencia preparatoria de juicio oral, decisión apelada por Gendarmería por el nivel de riesgo del traslado en atención a la peligrosidad de las imputadas y la organización criminal a la que pertenecen; apelación declarada inadmisible por la Corte de Arica, en circunstancias que -como resolvió el máximo Tribunal- debió ser tramitada pues la institución no es un tercero ajeno a la magistratura y su opinión especializada respecto del traslado de reos es válida.

La magistratura estimó que el delito sancionado vulnera bienes jurídicos de carácter público, por lo que el reclamante no puede asilarse en el principio de unidad familiar para revertir el castigo.

El máximo Tribunal sostuvo que ambas resoluciones obedecen a estadios procesales y estándares de convicción diferentes, por lo que ambas decisiones contrapuestas pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.

Asimismo, el máximo tribunal estimó que la cláusula de aceleración redactada en términos facultativos no permite el fraccionamiento del cobro en las cuotas no vencidas, pues el acreedor manifiesta su voluntad de acelerar el cobro de todo lo adeudado al momento de presentar la demanda.

Preocupa la incorporación de una etapa de verificación inicial en el procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada que buscaría rechazar, luego de una entrevista, las solicitudes manifiestamente infundadas, como aquellas solicitudes consideradas fraudulentas o que no guardan relación con los criterios para la concesión de la condición de refugiado.

Los fabricantes deberán utilizar métodos alternativos de pruebas que no involucren animales para demostrar la seguridad y eficacia para los humanos de tales productos y de cada uno de sus ingredientes.

La magistratura estimó que al estar formalizada una investigación en contra de los recurridos, y decretada en su contra la medida cautelar de desalojo, no puede prosperar la acción cautelar que persiga el mismo resultado, pues el litigio ya está en conocimiento de la justicia y se han decretado medidas tendientes a la protección de los derechos de la recurrente.

La falta de singularización de la cosa reclamada no puede esgrimirse como argumento para rechazar un precario, ni aún como una presunta vulneración de las reglas de la comunidad hereditaria, debido a que la demandada debió acreditar que la tenencia del inmueble es un hecho meramente permitido o ignorado por el dueño de la propiedad, lo que no ocurrió en la especie.

El letrado impugnó el monto decretado por la magistratura por concepto de honorarios adeudados por su cliente, acusando que la cifra concedida solo cubre el ítem “a todo evento”, en circunstancias que se acordó un pago mayor por las gestiones judiciales encargadas, argumento que no pudo ser acreditado por el profesional en estrados.