El deber de fundamentación de los actos que afecten derechos de particulares no se cumple permitiendo que el interesado tenga acceso al expediente de calificación de invalidez. El afiliado tiene derecho a conocer los antecedentes de hecho y los fundamentos que motivan la decisión del organismo competente acerca de su invalidez.

No obstante, en la promoción del voto informado respecto de actos eleccionarios o plebiscitarios, no es posible emplear medios institucionales para favorecer a solo una de las opciones o candidaturas, por lo que el organismo deberá ajustar sus actuaciones.

Es la SMA la encargada de aplicar las sanciones que correspondan, ya sea que se trate de fiscalizaciones desarrolladas por la propia superintendencia o por otro organismo competente, y aun cuando tales procesos refieran a medidas que no hayan estado incluidas en los subprogramas establecidos por la Superintendencia.

Las solicitudes de pronunciamiento jurídico y de denuncias de particulares corresponde a una función que debe ser ejercida de acuerdo a una racional, eficiente e idónea administración de los recursos de Contraloría, por lo que es posible abstenerse o archivar presentaciones en determinados casos.

La Contraloría General ha concluido que resulta armónico con el deber de los órganos públicos involucrados de actuar de manera coordinada y eficiente, con miras a satisfacer las necesidades públicas de que se trate, que quien sea responsable de pagar las obligaciones laborales y previsionales de contratos que emanan de convenios mandatos, sea el mandante.

Si un empleado es nombrado para un cargo incompatible, al asumirlo cesará por el solo ministerio de la ley en su anterior plaza, sin perjuicio de las excepciones que la ley prevé.

Los funcionarios nombrados por Alta Dirección Pública que concluyen su período legal en cargos de segundo nivel jerárquico pueden hacer valer el principio de confianza legítima basándose en el tiempo que prestaron servicios a contrata en el mismo servicio, en el periodo inmediatamente anterior a su designación.

Las políticas de paridad de género pueden concretarse a través de instrumentos que le otorguen mayor puntaje o prioridad a estas últimas, para acceder a recursos en el marco de un proceso concursal

Personal que compone la Administración del Estado, está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas y funcionarios.

El alcalde debe requerir el acuerdo del concejo para condonar y entregar las facilidades que contempla la ley, por lo que cada municipalidad, en su calidad de corporación autónoma de derecho público, podrá determinar de qué manera se ejercerá la atribución.