El Contralor expresa que, del análisis del documento se advirtió que mediante el decreto exento N° 1.848, de 2013, el municipio incorporó un nuevo cobro.
Se denunció ante la Contraloría General de la República -por parte de un funcionario público- la falta de transparencia con la que habría actuado el Ejercito de Chile.
La CGR hace presente a la autoridad que, en lo sucesivo, la ponderación de la oportunidad en que procede dictar los actos administrativos, no puede significar que se deje de aplicar normativa vigente, que tiene por objeto el resguardo de la salud de la población, situación que puede dar lugar a eventuales responsabilidades.
La CGR concluye estableciendo que procede que Carabineros de Chile, a través de su Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública adopten las medidas necesarias a fin de regularizar la situación objetada.
El Contralor concluye en esencia sosteniendo que, en la especie, concurren los elementos que configuran la hipótesis legal prevista para la procedencia de la figura de silencio positivo.
El Contralor rechazó las impugnaciones del afectado y representó la resolución N° 44, de 2014, del Fondo Nacional de Salud.
Se remitió a la Contraloría General de la República para su control previo de legalidad, la resolución N° 23, de 2014, del Consejo Nacional de Producción Limpia.
Al efecto, el dictamen arguye que resulta aplicable al personal de los Tribunales Ambientales, en lo pertinente, el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
el Contralor hizo presente que -según su propia jurisprudencia- la citada norma que permite la referida postergación, constituye una facultad de carácter excepcional y, por lo tanto, de interpretación restrictiva, para el municipio.
El ente fiscalizador precisó que los estatutos de la institución consultante, autorizan expresamente el uso de la facultad de transigir.
