La presunción de inocencia que rige en el proceso penal no impide que se adopten medidas de protección en favor de un niño si de las evidencias se desprende que ha sido víctima de presunta violencia sexual. Lo anterior, por cuanto las autoridades competentes tienen la obligación de evitar la consumación de cualquier riesgo que pueda vulnerar los derechos prevalentes de este grupo poblacional.

El Ministerio del Deporte deberá elaborar y aprobar, mediante decreto supremo, un protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte. Ese protocolo deberá ser adoptado por organizaciones deportivas tales como: club deportivo, liga deportiva, asociación deportiva local, consejo local de deportes, asociación deportiva regional, federación deportiva, federación deportiva nacional, entre otras.

El edil de la Región del Biobío, Juan Carlos Reinao, habría cometido los ilícitos entre 2006 y 2020 en contra de cinco víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de sufrir los delitos.

El Juzgado desconoció que esta Corte ha señalado que el interés superior del menor de edad debe ser tenido en cuenta en todas las decisiones que los afectan. No interpretó el derecho de la niña a tener una familia, al amor, al cuidado, a la integridad física y a la salud de conformidad con la jurisprudencia reciente.

El tribunal aplicó, además, al condenado a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Modifica la ley del Deporte, la ley que crea el Ministerio del Deporte, y la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales.

El prevalimiento no limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se configura genéricamente como un supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, pero en este caso fue auxiliada de inmediato por el anestesista y la enfermera.

El tribunal aplicó, además, a Álvarez Zenteno las accesorias legales de suspensión para ejercer cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; más el pago de las costas de la causa.

El tribunal tras la deliberación de rigor, dio por establecido tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del condenado.

Para dichos efectos se decretaron diversas diligencias investigativas como así también la medida cautelar de orden de alejamiento.