El requirente alegó que se extendía el concepto de publicidad más allá de los límites constitucionalmente admisibles.
El derecho a la seguridad jurídica permite a las personas contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente, que les brinda una noción razonable de las reglas que le serán aplicadas.
Los preceptos impugnados amplían excesivamente el acceso a la información, considerando como pública información que no lo es, e infringen la garantía constitucional del debido proceso.
Transgreden los límites del artículo 8º, inciso segundo, de la Constitución, al ampliar deliberadamente los márgenes taxativos que la norma constitucional indica.
Los preceptos impugnados amplían excesivamente el acceso a la información, al considerar como pública información que no lo es.
Se alega que dicha información a la luz de lo preceptuado en la Constitución no tendría el carácter de público, por lo que su entrega vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
Tenor de los artículos 5 y 10 de la Ley N° 20.285 hacen pública toda información que obre en poder de los órganos estatales, sea que esté o no relacionada con su actuar y funciones.
La requirente estima que los preceptos legales impugnados no se ajustan a los parámetros de publicidad y transparencia que dispone el artículo 8 inciso 2º de la Constitución.
La requirente estima que transgreden los límites del principio de publicidad y vulneran su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
Normas impugnadas transgreden los límites del artículo 8, inciso segundo, de la Constitución, al ampliar deliberadamente los márgenes taxativos que la norma constitucional indica.
