La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia de la persona mayor, que tiene derecho a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato.

Ha quedado acreditado en autos que, contrariamente a lo expresado por las accionadas al contestar la acción, la tarjeta en cuestión había sido no solo emitida, sino dada de alta y posteriormente inhabilitada. Expresó el experto que figuraban dos tarjetas en el sistema a nombre del actor, una de las cuales era la que había motivado el reclamo de autos y que había sido emitida, como se mencionó, por la entidad referida.

La madre siguió percibiendo una cuota destinada a la hija, sin haber demostrado su utilización en su beneficio, lo que importa una apropiación indebida del crédito, pues ella no es la destinataria de la cuota alimentaria. Por ende, y dado que no alegó, ni acreditó que desde esa fecha afrontó gastos de la hija, adeuda las sumas percibidas sin causa. Ello configura un abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa.

No concurren los requisitos necesarios que permitan instar esta jurisdicción mediante un procedimiento colectivo. De un lado, pues el interés individual de los asociados a la Cámara accionante, considerado aisladamente, justificaría la promoción de una acción con igual objeto que el aquí planteado y, por lo tanto, no se advierte que los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir puedan ver afectado su derecho de acceso a la justicia.

La agencia carece de la calidad de parte en el proceso penal. Dicha carencia conlleva, como lógica consecuencia, la imposibilidad de gozar del conjunto de prerrogativas y derechos que como tales posee quienes son partes en el proceso. Y dentro de aquel continente se encuentra la facultad de recurrir. El poder de impugnar se encuentra circunscripto a las partes, tal como surge claramente en la normativa.

El procedimiento policial no contó con los recaudos legales necesarios, situación que llevó a solicitar la nulidad del procedimiento policial y, en consecuencia, de las actuaciones y a que se disponga el sobreseimiento, en tanto no surge de la declaración del personal policial ni de las actas circunstancias razonables y objetivas que justificaran el palpado preventivo y requisa.

Existe una convivencia armónica del grupo familiar en el hogar de la imputada, tal como refirió ella, en cuyo contexto sus hijos “la ayudan realizando los repartos” de la comida que elabora, por lo cual no se vislumbra la imposibilidad planteada por la defensa para que éstos cumplan con la tarea de acompañamiento de la menor ni cabe predicar al respecto la aludida afectación de los derechos de la niña.

Toda resolución de carácter sancionatorio, incluyendo las del ámbito administrativo, debe contar con una argumentación positiva, en cuanto a los argumentos que la justifican, y también una negativa, negando valor dirimente a los argumentos que sustentan el error de aplicación que se pretende.

En la instancia no se ponderan las labores conforme a los ítems de ley, por lo que no es posible conocer las razones por las cuales se arribó a esa suma. La ausencia de motivación en la decisión, entendida ella como consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo, conduce a declarar su nulidad.

El amparo procede siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales.