La sentencia señaló que resulta inaceptable que los comercializadores de cigarrillos, aun admitiendo que sus productos resultan nocivos, persistan por una y mil razones, en su falta de responsabilidad. Así, no puede afirmarse que una persona que padece una adicción -deliberadamente provocada por los comercializadores de cigarrillos- pueda ser considerada ni suficientemente informado en los términos de la Ley de Defensa al Consumidor.

La sentencia aclaró que, el elemento más relevante en la determinación de la filiación del niño nacido por TRHA es el de la voluntad o decisión de que ese ser naciera, no sólo en cuanto causa eficiente última e infungible, sino porque los demás elementos biológicos pueden ser sustituidos todos, pero lo que nadie puede suplir en cada caso concreto para un determinado nacimiento es el acto de voluntad en ese sentido de una pareja.

Aun cuando posteriormente el actor fuese excluido -a su petición- del régimen de protección de testigos, ello no libera al Estado de su deber de haberle prestado la asistencia necesaria durante el período en que el testigo se encontraba efectivamente incluido en el programa.

El culto a los muertos es un hecho jurídicamente tutelado y los parientes más próximos gozan del derecho de custodiar sus restos y de perpetuar su memoria.

El derecho de la menor de no querer saber su vínculo biológico debe prevalecer sobre la pretensión del recurrido, ya que desea preservar el contexto familiar en que se encuentra actualmente.

La demandada fue víctima de actos de violencia psicológica por parte del actor que se dieron al momento de celebrar el pacto que se acusa incumplido.

El centro médico brindó un tratamiento adecuado a los actores y entregó información acabada en virtud de los antecedentes que poseían al momento de realizar el tratamiento.

Los actos de la acusada provocaron cambios negativos en el comportamiento de los menores que demuestran que han sido sujetos pasivos de abusos sexuales.

determinó que debía otorgarse indemnización por daño moral, ya que, a raíz de las secuelas generadas por la intervención quirúrgica, la accionante experimentó malestar, debiéndose someter a cirugía correctora.

La libertad de expresión se puede limitar a través de medidas jurisdiccionales cuando tiendan a la protección del interés superior del niño y la protección de derechos personalísimos de los menores.