El proyecto de ley define el término «arma de asalto» y prohíbe a una persona fabricar, importar, comprar, vender, ofrecer vender o transferir la propiedad de un arma de asalto. El proyecto de ley prohíbe además que una persona posea un activador de disparo rápido.
Establece que la libertad del inculpado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando haya actuado haciendo uso de armas de fuego, y también cuando, en los últimos dos años, haya sido reiteradamente sometido a las medidas cautelares de detención, prisión preventiva o a la de privación de libertad en su casa.
La propuesta será analizada en una próxima sesión ordinaria. La idea es limitar a 24 horas, los trámites que se realizan desde la entrega del cuerpo hasta su sepultación.
La Sala del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que establece criterios y principios en materia de prisión preventiva cuando se trata del uso de armas de fuego o la pertenencia a una organización criminal.
La Comisión de Constitución respaldó la iniciativa que busca precisar criterios como lo que se entenderá por peligro para la sociedad, considerando si es que se usaron armas para la comisión de un delito o si forma parte de una agrupación criminal.
La Sala respaldó las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la Ley sobre control de armas, para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.
El acusado disparó en diversos puntos de la ciudad a grupos de particulares que se manifestaban pacíficamente, hiriendo de gravedad a tres personas y dando muerte a otra. Al momento de ser detenido, fue encontrado en su domicilio un cuantioso arsenal que incluía diversas pistolas, revólveres, y un fusil de guerra, armamento que era poseído por el imputado sin contar con los permisos respectivos.
El imputado sostuvo que la Fiscalía incorporó pruebas incriminatorias una vez terminada la etapa de investigación, junto con acusar una conducta carente de antijuricidad material, como lo fue portar un cartucho con munición; argumentos desechados por el máximo Tribunal.
