El causante falleció sin dejar testamento, por lo que basta que la actora acredite su calidad de hija para solicitar sus antecedentes médicos.
El Tribunal de alzada rechazó con costas el recurso de reclamación interpuesto por la sancionada, tras descartar infracción de ley en la resolución sancionatoria y el decaimiento de la acción.
El Tribunal de alzada no hizo lugar al reclamo, tras establecer que la recurrida Superintendencia de Salud actuó ajustada a derecho al sancionar a la clínica privada.
El Tribunal condenó a clínica privada a pagar a la demandante la suma total de $72.245.957 por concepto de daño emergente y daño moral.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la clínica al condicionar la continuidad del tratamiento a la suscripción de documentos de pago.
Los prestadores de salud no pueden exigir como garantía de pago por las prestaciones que reciba un paciente el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo.
El Tribunal de alzada estableció que el procedimiento sancionatorio se inició transcurrido el plazo legal de seis meses establecido para faltas administrativas.
La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1 y 2.
