La ausencia de criterios en la ley permite que las multas impuestas carezcan de fundamentación, salvo consideraciones genéricas insuficientes, por lo que el artículo 174 inciso primero del Código Sanitario vulnera el mandato de interdicción de la arbitrariedad y el deber de proporcionalidad, entrabando el derecho a defensa, en el marco de un procedimiento racional y justo del administrado, e impiden, en definitiva, un eficaz control de lo actuado por la Administración, refiere el voto en contra.

Salud rechazó las indicaciones planteadas en la Sala y ratificó los artículos del proyecto original. La propuesta establece la responsabilidad de los laboratorios en caso de alerta del ISP y la ocurrencia de un embarazo no deseado, por el uso del método anticonceptivo cuestionado.

La Comisión de Salud aprobó la moción que busca facilitar el acceso a medicamentos todos los días del año a cualquier hora, especialmente en la cercanía de un recinto asistencial.

El juez desestimó, con costas, la reclamación deducida por BPH en contra de la resolución exenta, dictada por el Instituto de Salud Pública, que la sancionó por infringir el Código Sanitario.

No es inconstitucional la ley que asigna un valor probatorio a determinados instrumentos. El legislador puede, libremente, establecer un valor probatorio determinado o dejar entregado al juez la ponderación de los medios probatorios y puede dar un valor superior a una prueba cuando quiere despejar futuras controversias, cuando quiere alterar una carga de la prueba. En materia administrativa el estándar lo fija el artículo 35 de la Ley N° 19.880, ante el silencio del Código Sanitario.

Asimismo, los parlamentarios aprobaron en general, la moción que establece el funcionamiento de farmacias 24/7 todo el año, en las principales urbes. La idea es asegurar la atención de lo que hoy se conoce como ‘farmacia de turno’.

Los requirentes alegan que la aplicación de estos preceptos atenta contra la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva de los derechos, el derecho a la acción contra actos Administrativos entre otras garantías constitucionales.

Su trabajo permite orientar las actividades coordinadas entre los diferentes actores del sistema de salud, transformando espacios con fin de mejorar calidad de vida y dignidad a los pacientes.

Al no apreciarse un conflicto constitucional suficiente y adolecer el requerimiento de falta de fundamento plausible.

Así mismo en los juicios que se discuta la responsabilidad civil de los profesionales mencionados en el artículo 112° y siguientes del Código Sanitario, deberán probar haber actuado con la debida diligencia y en el cumplimiento de la ley artis médica, liberando de la carga probatoria al demandante.