Quedó acreditado que los infractores que participaron en el cártel sancionado copaban prácticamente el 100% del mercado de automóviles en España. De esta manera, es impensable que otros fabricantes de automóviles no implicados en el cártel pudiesen tener influencia suficiente en ese mercado, como para impedir la repercusión de las prácticas infractores en los precios finales de venta.
El ex mandatario es objeto de una nueva investigación penal por su presunta participación en hechos de corrupción, relacionados con contratos de obra pública. En la actualidad ya se encuentra en prisión preventiva por su fracasado intento de Golpe de Estado llevado a cabo en diciembre pasado, que le valió ser destituido por el Congreso Nacional.
En su acusación, la FNE señaló que “la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.
No obstante, y de acuerdo al principio de proporcionalidad, los tribunales deben determinar si son o no adecuados la carga de trabajo y el coste que va ocasionar la creación de nuevas pruebas, pudiendo utilizar como criterio el periodo respecto del cual se ha solicitado la exhibición de pruebas.
La colusión perjudicó a los compradores de automóviles, perjuicio que, en estas circunstancias, se tradujo en el pago de un precio superior al que correspondería en caso de no existir la infracción. Vinculados como estamos a estos hechos, no podemos considerar siquiera las pruebas en que la demandada trata de sostener la inexistencia del daño.
Los procedimientos fueron suspendidos por un plazo superior al legal, excediendo así el lapso máximo previsto en la norma.
El ente fiscalizador actuó conforme a lo previsto en la normativa aplicable.
El Tribunal Superior no interpretó erróneamente el tipo delictivo de colusión ni aplicó indebidamente sus elementos a los hechos acusados.
Los senadores que impulsan una iniciativa en tal sentido seguirán escuchando a alcaldías interesadas en participar como proveedoras de este bien esencial con el fin de terminar con la concentración de precios que perjudica a los consumidores.
El derecho de la Unión Europea se opone a una normativa nacional que únicamente prevé la posibilidad de atribuir la responsabilidad derivada del comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando la segunda controla a la primera.
El Tribunal acogió las excepciones de falta de legitimación pasiva de la demandada y de prescripción, tras establecer que la empresa no es proveedora directa de los consumidores y que se encuentra vencido el plazo legal para ejercer la acción.
