Una correcta materialización de la protección integral en el derecho a la salud de las personas mayores supone identificar los factores que perpetúan la rigidez del sistema y pueden comprometer los derechos fundamentales, y hacer cambios graduales institucionales y sociales con los ajustes necesarios para adecuarlo a las situaciones de vida distintas de la población mayor, en virtud del principio de solidaridad.
Era la madre quien tenía el derecho a decidir si daba a luz de forma natural o mediante cesárea. Nos encontramos ante una usurpación inadmisible de un derecho ajeno que ha provocado un resultado terrible por aquellos que hurtaron la posibilidad de que la mujer pudiera optar por la cesárea en su debido momento para evitar cualquier lesión a su hijo.
La relación de causalidad entre la falta absoluta de información a la paciente y privación de su derecho a decidir la forma de dar a luz con la hipoxia padecida por el menor y las gravísimas e irreversibles secuelas padecidas por el mismo, aparece clara desde el momento en que de forma extemporánea los propios facultativos acabaron por decidir y practicar tal cesárea.
Las autoridades no examinaron en profundidad la cuestión del consentimiento, centrándose únicamente en la afirmación de que el órgano había sido extraído como medida de emergencia para salvar su vida. Además, el hospital, que practicaba el consentimiento oral, no había tenido protocolos adecuados de mantenimiento de registros o una política de consultar a los familiares en tales situaciones.
La actora ingresó para ser operada por glaucoma, y posteriormente fue sometida a dos cirugías sin su consentimiento informado para enmendar errores de la primera intervención. El máximo Tribunal estimó que el servicio prestado fue deficiente, pues el Hospital no registró las operaciones adicionales en la ficha clínica de la demandante, hecho que impidió diagnosticarla adecuadamente.
El consentimiento no es aquel que se otorga en abstracto, sino el referido a los riesgos concretos de cada procedimiento; sin que sea suficiente la manifestación por parte del galeno en términos científicos y complejos de las terapias a que deberá someterse el paciente, sino que deben hacerse inteligibles para que este conozca ante todo los riesgos implicados y así pueda expresar su voluntad de someterse al mismo.
Resulta imprescindible el consentimiento informado del paciente o la autorización de un familiar para inmovilizarlo farmacológicamente.
El paciente debe otorgar su consentimiento por escrito y ser informado de los eventuales riesgos antes de ser sometido a una intervención quirúrgica.
La demandante estuvo en conocimiento de que el método de esterilización elegido podía fallar y asumió el riesgo del eventual fracaso.
