No se acreditó que el dueño del local adoptara medidas de seguridad idóneas para evitar el riesgo de caídas en la pista de baile, pese a que es un accidente predecible por las condiciones del lugar.
Al tener que soportar de manera ilegítima a cargas, incomodidades y costos que el resto de la ciudadanía no debe soportar se vulnera su derecho de igualdad a la ley.
Los hechos habrían ocurrido fuera de la universidad, en contexto de relaciones sociales no vinculadas a sus fines.
La masiva entrada de migrantes por pasos no habilitados, como el de la comuna de Ollagüe, la que no cuenta con las medidas de control sanitario necesarias, pone en riesgo la salud de la población local.
El abogado denuncia que fue víctima de una serie de actos vejatorios cometidos por el Alcalde y la Directora de Desarrollo Comunitario, lo que lo llevó a presentar una licencia médica de carácter psiquiátrica.
El voto de minoría sostuvo que el plazo de caducidad debe contabilizarse considerando la etapa de mediación obligatoria que la ley establece.
Las recurridas no han dado cumplimiento al deber de coordinación al interior de la Administración del Estado, previsto en el artículo 5 de la Ley N°18.575.
El actuar del municipio genera incertidumbre e impide el ejercicio de los recursos administrativos o judiciales que ha franqueado la ley respecto de dichas decisiones.
La Reforma Procesal Penal maximiza las garantías fundamentales, frente al ius puniendi estatal, con especial énfasis en principios como el in dubio pro reo, por lo que aparece justo considerar a favor del condenado el tiempo anterior que estuvo en prisión preventiva en una causa en que fue finalmente absuelto.
La factura no es un título abstracto independiente de la relación causal que le dio origen, como ocurre con la letra de cambio y el pagaré. Constituye un título causado, ligado al negocio del que ha nacido por lo que es posible que discutir en sede ejecutiva su nulidad.
