La Municipalidad intentó revertir lo decidido por la magistratura en sede de unificación, pero los fallos acompañados para el contraste eran anteriores a la época en que el máximo Tribunal unificó el criterio en esta materia, declarando que las relaciones contractuales fuera del marco legal del artículo 4 de la Ley Nº18.883 en función del principio primacía de la realidad, son reguladas por el Código del Trabajo.

La estatal pretendía elevar el plazo de la operación por un lapso de 43 años, tiempo en el cual la mina pasará a ser de rajo abierto, no obstante, el máximo Tribunal mantuvo a firme lo decidido por la magistratura, confirmando el plazo y el monto indemnizatorio que la minera debe pagar al Fisco, correspondiente a 151.896 UF.

El actor fue detenido en 1973 y liberado en 1978, tiempo en el que fue torturado por agentes del Estado. El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia que redujo el monto indemnizatorio a 40 millones, al estimar que la magistratura no explicó el razonamiento para tal disminución de la reparación, y confirmó el fallo de primer grado que ordenó el pago de 120 millones a título de daño moral.

El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia al observar que la magistratura infringió el principio de congruencia, pues luego de acreditar la existencia de un monto pactado entre las partes desestimó la acción de cobro por un error formal en el monto pedido en el libelo, situación que evidencia una falta de consideraciones de hecho y de derecho que justificaron el fallo.

El consentimiento del demandado a que sus hijas menores de edad ocuparan el predio bajo cuidado personal de la demandada, es un vínculo jurídico que nace de las relaciones de familia entre las partes, y que habilita la ocupación.

Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.

El Fisco no puede desligarse de la responsabilidad subsidiaria que le compete respecto de los trabajadores de la demandada principal, asilándose en que es una entidad pública, argumento que contraviene los requisitos de la subcontratación establecidos en el artículo 187-A y siguientes del Código del Trabajo, por ende, debe responder por los incumplimientos de la empresa contratista hacia el demandante.

El acusado viajaba de copiloto en un vehículo que fue fiscalizado por Carabineros, momento en que uno de los funcionarios percibió el hedor a cannabis y vio al imputado desprenderse de una bolsa que contenía marihuana, indicios suficientes para efectuar un control de identidad a todos los ocupantes del vehículo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal.

La magistratura hizo lugar a la inoponibilidad, así como a la reivindicación del 50% de los derechos del predio que pertenecen a la actora por no concurrir aquella a la venta celebrada por su ex esposo con un tercero, ocurrida dos años después del divorcio.

El máximo Tribunal sostuvo que el municipio no puede invocar el principio de juridicidad que le asiste como órgano de la administración, reconocido en los artículos 6 y 7 de la Constitución, para mantener en la precariedad laboral a sus funcionarios, en especial, cuando en atención al principio “primacía de la realidad” existen elementos de subordinación y dependencia.