En la sentencia impugnada no se aprecian los razonamientos de hecho ni de derecho, que llevaron a la magistratura a confirmar la condena contra el Fisco, con declaración que redujo de 100 a 30 millones de pesos el monto indemnizatorio a título de daño moral.
El proceso de interpretación de la ley que llevan a cabo los tribunales de justicia constituye una labor fundamental, propia y privativa de éstos.
El acusado intentó anular la condena argumentando que los agentes policiales no actuaron frente a un delito flagrante, pues la detención del encartado se produjo por investigaciones autónomas no autorizadas por la justicia durante la etapa de “agotamiento” del delito de robo; idea que fue desechada por el máximo Tribunal, al observar que el acusado no controvirtió el hecho de poseer un bien encargado por robo días atrás.
El municipio rechazó la solicitud al confundir la obra nueva -construcción de una portería-, con un permiso para subdividir los lotes del predio, error que la llevó a exigir requisitos que la ley no contempla para las obras nuevas; por lo tanto, el máximo Tribunal estimó que la resolución recurrida adolecía de ilegalidad.
Tal declaración constituye una causal de cesación de los servicios que hace al actor titular del derecho que reconoce el artículo 2 transitorio de la Ley N°19.070, previsto ante el término de la relación laboral por alguna causal similar a las establecidas en el artículo 3 de la Ley N°19.010, actualmente artículo 161 del Código del Trabajo.
La persona fue declarada incapaz por un tribunal civil de la península, rehabilitándose la patria potestad respecto de aquella en su madre. Asimismo, la solicitante pidió cumplir el fallo en Chile para efectos de suspender el ejercicio del derecho de sufragio, y las cargas que éste impone, debido a que el pupilo se encuentra radicado en España.
Si ambas partes poseen un título de dominio, es evidente que existe una superposición de aquel respecto del mismo inmueble, por ello, determinar quién es el verdadero dueño de la propiedad excede los límites del precario, y las partes deben resolver tal litigio mediante un juicio declarativo de lato conocimiento.
Las publicaciones en el Facebook del docente, emitiendo opiniones críticas contra la gestión de las recurrentes -aunque puedan resultar desagradables-, no constituyen una lesión a la honra, pues las recurridas tuvieron la posibilidad de controvertir, y fueron realizadas en atención a la actividad gremial y laboral de las partes, donde el escrutinio público hacia la funcionaria es parte de la naturaleza del cargo ejercido.
La norma no especifica qué tipo de tutela resarcitoria corresponde que se decrete, pues solo indica “las indemnizaciones que procedan”, sin distinguir, por lo que comprenden el daño moral laboral, tanto en el caso que la tutela sea durante la ejecución del contrato como por despido atentatorio de derechos fundamentales, siendo de cargo del tribunal determinarla.
La denuncia condujo a funcionarios de Carabineros hasta un inmueble de la comuna de Alto Hospicio, lugar donde el acusado cargaba los camiones con la mercancía destinada a ser vendida irregularmente en el norte del país.
El máximo Tribunal sostuvo que los ministros recurridos aplicaron correctamente el artículo 19 de la Ley N°18.410, que exige la consignación en el tribunal, por un monto equivalente al 25% del total de la multa, como parte del examen de admisibilidad del reclamo, pago que en la especie la quejosa no realizó.
