Los recurrentes no pudieron acreditar que el abandono efectuado en una reunión de socios se produjo por actos de violencia en su contra, por ende, la remoción de sus cargos se ajustó a derecho y la judicatura de fondo no infringió las normas probatorias acusadas.

El máximo Tribunal no puede modificar los hechos asentados en juicio, a menos que se acredite que se infringieron las leyes reguladoras de la prueba.

No resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para dirimir alguna disputa que pudiese existir con el actor.

De lo contrario el demandado carece de legitimación pasiva y el resultado del juicio no puede ser oponible a los demás comuneros, que igualmente ocupan el inmueble.

En atención a los artículos 162 y 183-B del Código del Trabajo, el municipio es responsable como empresa principal de velar por el correcto cumplimento de las normas de protección de los trabajadores por parte de la empresa contratista.

La frase “demanda judicial” contenida en el artículo 2518 del Código Civil debe entenderse como cualquier gestión empleada por el acreedor para defender su derecho, en la especie, el reclamo sobre el monto indemnizatorio fijado por la Comisión Tasadora al expropiar el predio del reclamante.

Las expresiones por medio de las redes sociales, sin otorgar una posibilidad de respuesta o de contra argumentación de la contraria, afectan la honra de quien es identificada con diversos epítetos groseros.

Recurrente no pudo precisar qué regla probatoria o máxima de la experiencia el tribunal vulneró al aumentar el monto indemnizatorio en razón del “daño patrimonial” acreditado por un informe pericial.

Para el máximo tribunal del país, la mantención de un sistema dual de conocimiento de la violencia de género, especialmente en el ámbito doméstico, continuará generando desafíos para el sistema pues existen riesgos ciertos para la seguridad y para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas, al no otorgarse un tratamiento integral en alguna sede (reconociendo que dicho tratamiento integral podría no ser posible de justificar en sede judicial en términos de número de ingresos y los recursos necesarios para atenderlos).

Funcionario nombrado por la Alta Administración Pública acompañó para el cotejo fallos en que los trabajadores beneficiados con la indemnización por lucro cesante no revestían su misma calidad, por lo que la sentencia impugnada no es homologable.