Ambas hermanas fueron detenidas mientras dosificaban marihuana y pasta base para su venta, y ambas decidieron declarar en contra de la otra luego de ser advertidas por el tribunal acerca del vínculo que las une como parientes, sin retractarse de los dichos incriminatorios entre ambas y sin alegar de forma oportuna la presunta vulneración al debido proceso.

El yerro denunciado por el arbitrio de nulidad formal se sustenta en omisiones relacionadas con la debida motivación del fallo recurrido, mas no con la falta de decisión del asunto controvertido, razona el máximo Tribunal.

Cuando la carga de hacer avanzar el juicio recae en el tribunal, que en la especie no dictó oportunamente la interlocutoria de prueba, es improcedente declarar abandonado el procedimiento, porque dicha pasividad no puede ser endosada al demandante, al existir una obligación del órgano jurisdiccional en dictar las resoluciones pertinentes que den continuidad al juicio.

El Pleno advierte que, en lo que concierne a las atribuciones de los tribunales de justicia, el proyecto explicita la aplicabilidad de la interceptación de comunicaciones en las investigaciones por delito terrorista, sin embargo pareciera necesario disipar toda duda sobre la limitación del quantum punitivo acerca de su procedencia.

La demanda de divorcio por culpa requiere una motivación especifica, mientras que en el divorcio por cese de la convivencia es irrelevante las razones que generaron el término de la vida en común.

La recurrente solicitó una visa de residencia temporal en calidad de titular, por lo que la acreditación de solvencia económica no es una decisión ilegal ni antojadiza del Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de que la madre de la actora sea quien la reciba en el país. El máximo Tribunal indicó que, la solicitud que correspondía presentar era una de residencia temporal como dependiente.

Ricardo Blanco Herrera asumió en el máximo tribunal en junio de 2013 y actualmente tiene 69 años. Destacó que ha trabajado en el Poder Judicial “por casi 48 años, por lo que conozco plenamente su rol y a sus funcionarios. Confío plenamente que el constante  trabajo profesional  de todos sus estamentos nos conducirá al cumplimiento de nuestras metas  y en ese ámbito a la coronación exitosa de nuestros esfuerzos para el bien de nuestro país”, detalló.

El requirente alega que la norma del Auto Acordado infringe la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y protección, el derecho a desarrollar actividades económicas y profesionales y los principios de juridicidad y de seguridad jurídica, desde que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos previstos en los artículos 523 y 526 del COT, se le ha postergado el juramento a cambio de la presentación de más documentos académicos.

El acusado intentó revertir la condena al sostener que no existió indicio para ser controlado, pues el acto observado por los agentes correspondía a uno neutro consistente en, “levantar desde el suelo un objeto metálico que parecía pistola con el fin de resguardar la seguridad de los niños que jugaban en el sector”.

El requerido junto a otros coimputados robaron más de 13 millones de pesos colombianos a la víctima, quien se vio forzada a acudir a un banco a retirar dinero junto con el acusado para evitar “mayores consecuencias”. El acusado se allanó a la extradición, y la entrega se hará de forma diferida, una vez que el encartado sea absuelto o cumpla una eventual condena por un delito de robo con intimidación, que actualmente lo mantiene en prisión preventiva.