La norma no especifica qué tipo de tutela resarcitoria corresponde que se decrete, pues solo indica “las indemnizaciones que procedan”, sin distinguir, por lo que comprenden el daño moral laboral, tanto en el caso que la tutela sea durante la ejecución del contrato como por despido atentatorio de derechos fundamentales, siendo de cargo del tribunal determinarla.

La denuncia condujo a funcionarios de Carabineros hasta un inmueble de la comuna de Alto Hospicio, lugar donde el acusado cargaba los camiones con la mercancía destinada a ser vendida irregularmente en el norte del país.

El máximo Tribunal sostuvo que los ministros recurridos aplicaron correctamente el artículo 19 de la Ley N°18.410, que exige la consignación en el tribunal, por un monto equivalente al 25% del total de la multa, como parte del examen de admisibilidad del reclamo, pago que en la especie la quejosa no realizó.

El acusado fue observado por los agentes policiales mientras vendía papelillos de pasta base en la puerta de su casa, indicio habilitante del control investigativo y registro posterior por delito flagrante. Los funcionarios encontraron en el inmueble diversas dosis de pasta base, cocaína y marihuana listas para ser vendidas.

La entrega del requerido quedará diferida a la culminación de los procesos criminales que el encartado enfrenta en Chile, ya que enfrenta tres investigaciones por su presunta participación en delitos de robo en lugar habitado en diversos inmuebles de la capital.

Las cotizaciones previsionales deben reajustarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 del Código del Trabajo.

La actora desempeñó labores referidas a actividades propias y permanentes del municipio y se estableció que desempeñó sus labores en condiciones propias de un vínculo de subordinación y dependencia, con obligaciones de asistencia y rendir cuenta de las tareas ejecutadas, percibiendo un estipendio fijo y mensual, características que permiten distinguir al contrato de trabajo de otras modalidades de prestación de servicio.

El máximo Tribunal resolvió que la recurrida no puede exigir requisitos dictados con posterioridad, pues aquello torna más gravosa la situación del amparado y atenta contra el principio pro reo.

El actor pretendía desalojar a la demandada de un inmueble de su propiedad, alegando que la ocupación de aquella era ignorada o meramente tolerada, en circunstancias que la demandada tuvo una relación de convivencia previa con el actor, de la cual nacieron tres hijos en común, por lo tanto, la acción de precario es improcedente.

El máximo Tribunal determinó que se cometió un error al no acogerse la excepción de finiquito opuesta por la parte demandada.