La Corte de Puerto Montt ordenó al recurrido abstenerse de bloquear el libre tránsito de los recurrentes hacia sus parcelas, sin perjuicio de las acciones que en derecho le corresponden, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en alzada, al estimar la existencia de vías de hecho para imponer justicia por mano propia, y no utilizar las acciones que la ley reconoce al recurrido.

La recurrente intentó revertir la sanción argumentando que el municipio no pudo acreditar la existencia de dolo en el ejercicio de sus funciones, tesis que fue desestimada por la magistratura al considerar que, una vez probado el incumplimiento de deberes funcionarios, era carga de la actora acreditar que el siniestro se produjo pese a su debida diligencia, lo que en la especie, no ocurrió.

La magistratura indicó que la acción cautelar no es idónea para resolver un litigio que debe ser resuelto por un juez, en un procedimiento de lato conocimiento, pues el recurrente no posee un derecho indubitado para tutelar, al existir controversia en el hecho si debía ser o no evaluado al ejercer el cargo por un período menor a seis meses, debido a las sanciones de suspensión impuestas por dos sumarios previos en su contra.

En opinión de la magistratura, la gráfica utilizada por el solicitante es similar a la de una conocida marca de pintura nacional. Asimismo, el máximo Tribunal indicó que las discrepancias en la forma en que el tribunal valoró la prueba, no pueden ser invocadas como vicios de nulidad sustancial.

La petición se formuló conforme al procedimiento de rigor, siendo el cierre de la calle en días y horas determinados, facultad exclusiva del Gobierno Regional, el que tuvo noticia de la autorización de funcionamiento de dicha Feria por información proporcionada la Municipalidad.

El requerido es acusado de dar muerte a su pareja en un hostal de una localidad peruana el año 2012, y la ministra instructora desestimó la prescripción de la acción penal por aplicación del artículo 100 del Código Penal, que establece una regla especial de “dos días por uno” para el cómputo de los plazos, cuando el autor de un ilícito se encuentra fuera del territorio.

El máximo tribunal hizo lugar a la solicitud de la defensa de reducir la condena inicial -20 años-, debido a que el delito fue un homicidio simple y no un homicidio calificado, pues no se pudo acreditar ante la magistratura penal la existencia de la alevosía, siendo la dinámica de los hechos “la comisión de un ilícito cuando nadie puede evitarlo”.

El acusado era parte esencial en el entramado delictual, prestando labores de vigilancia, asistencia en ruta para evitar controles fronterizos, y “ayuda con los papeles” cuando los camiones en los que era transportada la droga eran controlados. El máximo Tribunal ratificó la condena por seis delitos de cohecho, y consideró que las escuchas telefónicas que desbarataron la organización se ajustaron a derecho.

El plazo de 60 días señalado en el artículo 168 del Código del Trabajo, puede ser interrumpido mediante la interposición de una medida prejudicial, por ende, los ministros recurridos vulneraron el derecho a tutela judicial efectiva del demandante al no dar lugar a la tramitación de la acción, dejándolo en la indefensión.

La demandante es la madre del fallecido cónyuge de la demandada, y antes de la muerte de su hijo lo autorizó a construir en el terreno de su propiedad, una casa para que habitara con la demandada y los hijos en común, por lo tanto, es improcedente la acción de precario al existir un antecedente jurídico que permite la ocupación, y que aquella no sea considerada como meramente sufrida o tolerada por la actora.