El recurrente conserva la totalidad de los derechos para ejercer su defensa; tales como formular descargos, defensas y pruebas e incluso, impugnar el acto terminal si lo estima pertinente.

Mientras hayan desempeñado labores idénticas que los establecimientos de salud pública o privada durante la pandemia del COVID-19.

Las razones de orden administrativo o económico para justificar el rechazo de la inoculación de niños y niñas de dicho grupo etario, resultan insuficientes y deben, necesariamente, ceder ante la necesidad de resguardar el interés superior y la garantía constitucional a la vida e integridad física.

No cabe identificar la negativa del demandante a vacunarse con indisciplina o desobediencia en el trabajo pues la vacunación es un derecho del ciudadano que ninguna norma impone. La autonomía del paciente es un principio informador de las actuaciones en el ámbito de la sanidad, de acuerdo con el conjunto de preceptos que recoge la normativa.

En materia de demandas promovidas contra un estado extranjero, como principio, éste no se halla sometido a las jurisdicciones de otros estados conforme a una sólida y aceptada norma de Derecho Internacional.

Los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en políticas públicas en estos casos. Respecto a la solicitud de reembolso del recurrente excede los contornos del recurso de protección.

Con motivo de las alertas sanitarias por Covid-19 y viruela del mono.

En el caso concurre la causal de reserva de indebida distracción prevista en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, pues los escasos funcionarios del DEIS deberían destinar tiempo excesivo en confeccionar un Excel con lo solicitado.

Las modalidades de retribución convenidas no fueron ajustadas en correlación a los cupos que se haya permitido aprovechar, circunstancia que provoca un desequilibrio económico de las prestaciones.

Si bien la decisión de la DGAC de ordenar a su personal utilizar su descanso compensatorio como medida por la baja demanda laboral producto del Covid-19 fuera corregida por Contraloría, los funcionarios no pueden usar nuevamente este derecho, pues consistiría en una repetición del mismo.