Al interpretar la norma del artículo 1932 del Código Civil, el máximo Tribunal entiende que durante los meses de abril a agosto del año 2020 el arrendatario no pudo ocupar una oficina arrendada debido a las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria.

La iniciativa legal busca autorizar la toma de examen PCR, en el contexto del programa de Búsqueda de Casos Activos de Covid-19, desde los 14 años de edad, sin consentimiento de sus padres o quienes ostenten la patria potestad.

Las interesadas se desempeñaron como prestadoras de servicios a honorarios y luego pasaron a ocupar una plaza como contratadas, consecuencia de un concurso dispuesto por la autoridad.

Empresa sabía que el funcionario era parte del grupo de riesgo y permitió que concurriera a la faena donde un compañero lo contagió con la enfermedad. La empresa principal y la contratista fueron condenadas al pago de $150.000.000.- en favor de los herederos del trabajador fallecido.

La situación que se denuncia excede la naturaleza y objeto de la acción constitucional, por cuanto se trata de decisiones adoptadas por parte del Ejecutivo en el contexto de políticas públicas de orden sanitario, no correspondiendo a los Tribunales determinar su procedencia.

El neurólogo del recurrente indicó que la vacunación con una tercera dosis, sólo podría agravar su condición, la cual se consideró, en base a su opinión especialista, como una contraindicación.

Si bien no es ilegal ni arbitraria la extensión de los plazos para investigar, no es menos cierto que en virtud de la certeza jurídica que nos debe proveer el derecho, se hace necesario que esta investigación administrativa llegue a su fin y se dicte el acto de cierre.

No se advierte que la recurrente haya sufrido alguna perturbación, amenaza o privación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales invocadas.

Tal beneficio aplica al personal que se encuentra en alguna de las hipótesis del artículo 206 del Código del Trabajo.

De esta forma, el órgano contralor continúa con el criterio adoptado en un dictamen del año 2021, emitido con ocasión del término del estado de catástrofe.