Se encuentra en su esfera de atribuciones, puntualmente en su facultad de requerir antecedentes a los establecimientos universitarios contenida en el artículo 8 letra h) de la Ley 21.091, por ende, no existe un conflicto de competencias con la Superintendencia de Educación Superior.

Dicha normativa no hace extensible su aplicación a los funcionarios que se rigen por el estatuto de la Ley 19.873, sin embargo, la DT menciona que el MINSAL podría establecer unas instrucciones al respecto. Agrega que este personal puede solicitar hasta 6 permisos anuales con fines médicos.

Si ha tardado más de 12 meses en emitir una respuesta a la solicitud de residencia definitiva, por lo que no cabe absolutamente ninguna duda que el Servicio Nacional de Migraciones ha incurrido en una conducta omisiva ilegal y arbitraria.

El demandante alegó que no procedía el abandono del procedimiento por encontrarse suspendido el término probatorio en virtud del derogado artículo 6° de la Ley 21.226, sin embargo, el Tribunal señaló que, por no notificar a todas las partes, nunca se llegó a esa etapa procesal.

El derecho a la intimidad no prevalece frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública, toda vez que la información sobre si se ha recibido la vacuna o no es una pieza básica y esencial para impedir la propagación de la infección.

Se ajustó a lo dispuesto en el Código Sanitario, en específico, a sus artículos 26 y 27, que permiten a la autoridad sanitaria efectuar medidas de aislamiento, en pos de resguardar la salud pública, la seguridad nacional del país y el bienestar de los habitantes.

La protección a la unidad familiar es un derecho del que goza tanto el interno como su núcleo familiar. Sin embargo, no es un derecho absoluto ya que hace parte del grupo de garantías que se restringen como consecuencia de la relación de especial sujeción que surge entre el recluso y el Estado. Ello inexorablemente deriva del aislamiento obligado que genera la privación de libertad.

La ley castiga una conducta que realmente genere un riesgo para la salud pública, por lo que no sanciona simplemente la infracción formal a las reglas de salubridad que el MINSAL hubiere publicado.

Un grupo transversal de senadores aboga por alinear la extensión de la alerta sanitaria con la duración de este beneficio generado en pandemia.

Se reitera la jurisprudencia que considera a la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia. Además, resalta que el actor participo del reportaje que considera difamatorio.