Respecto a la importancia de la diligencia, el ministro Marcelo Hernández dijo que pudieron constatar “los elementos de contexto, la geografía, la fisiografía del terreno y la caracterización visual de los residuos que todavía están presentes en los terrenos”.
La plataforma terminará siendo extraída de la profundidad del mar, llevándose consigo las especies que viven y merodean en el arrecife mencionado. Así, nos encontraríamos ante un atentado contra la naturaleza, ya que se estaría quitando la vida a diversas especies de organismos marinos, muchos de los cuales no podrían vivir en mar abierto.
Los demandantes se vieron obligados a vivir en un entorno contaminado por los desechos acumulados a lo largo de las calles y por los sitios de almacenamiento temporal de basuras. Dicha exposición a residuos, en violación de las normas de seguridad, había hecho a los demandantes más vulnerables a diversas enfermedades. Esta conclusión fue respaldada por diversos estudios científicos. La constatación de la vulneración de derechos constituye en sí misma una satisfacción justa y suficiente para resarcir el daño moral causado.
La multa equivale hoy a más de 7.600 millones de pesos y se funda en la sobre extracción de aguas subterráneas del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, esto pese a la disminución del nivel freático en el sector Tilopozo mayor a 25 centímetros.
El fallo considera la reparación del daño ambiental producido en el Humedal Angachilla y el cese de toda actividad de disposición de tierra, materiales o residuos, y de relleno, secado o drenaje, que se desarrolle en el humedal, sin los permisos respectivos.
La decisión del órgano jurisdiccional tiene como fundamento evitar que en dicho predio se continúen realizando obras de loteo sin los permisos ambientales pertinentes.
Pronunciamiento que se funda en la defensa de los intereses del Estado realizada por el CDE y el principio de coordinación que debe imperar entre los órganos de la Administración.
Respecto al plazo de 90 días que cuenta CONAF para pronunciarse sobre las peticiones de corte de bosque nativo, es uno de días hábiles administrativos.
El proyecto se encuentra emplazado en zona saturada y no cuenta con Resolución de Calificación Ambiental.
El arbitrio acusa la contaminación de las aguas en una localidad de la comuna de Illapel, producto de las faenas de tratamiento y el trazado de los ductos de traslado del concentrado de cobre.
Se trata de la simple aplicación del principio de supremacía de la Constitución cuya consecuencia inmediata determina que la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte no está sujeta a las excepciones que pueda establecer el Congreso.
