La construcción del reproche penal descansa en la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que despierte en el sujeto pasivo una convicción equivocada de la realidad existente, por lo que el destinatario del engaño, impulsado por esa inexactitud y mentira, realiza voluntariamente un acto de disposición patrimonial que no hubiera abordado de otro modo y que le perjudica.

La violencia exigida en el delito de coacciones no es solo la física, sino también la vis compulsiva dirigida a compeler al destinatario de la misma a atenderle imperativamente a requerimiento o demanda en contra de su voluntad. En este caso, a la vista de la reiteración en el mismo día de las llamadas, se excede lo que pudiera considerarse ordinario en la relación profesional abogado-cliente.

El proceso realizado por a quo para valorar la prueba resulta paradigmático por su exhaustividad y profundidad en el análisis. En particular, analiza con especial detenimiento la existencia del engaño y describe con detalle la hábil preparación de un sistema defraudatorio que consumó la estafa. Todo ello como consecuencia del «claro sentimiento de enamoramiento y cariño» que la víctima sentía hacia el acusado.

El requirente estima que el precepto legal impugnado atenta gravemente contra su derecho a ejercer la acción penal y al desarrollo de un proceso racional y justo.

No estamos, como ocurre con la responsabilidad civil de naturaleza tributaria, ante una responsabilidad «ex lege», sino ante una responsabilidad derivada del delito, es decir, dirigida a reparar el daño causado: no se trata del plazo para devolver cantidades indebidamente percibidas, sino de restituir lo que ha sido objeto de un delito de estafa.

Es cierto que en algunas ocasiones el derecho penal no debería proteger patrimonialmente a quienes no se protegen a sí mismos, sin embargo, el engaño de la estafa no puede quedar neutralizado por la diligencia desplegada por la víctima, porque en tal caso, quedarían extramuros de la protección penal los comportamientos de quienes se aprovechen de su debilidad.

Tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa, como aquél en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial, pero la contienda debe resolverse, en definitiva, por razones de economía procesal.

La aplicación de la jurisprudencia no debe interpretarse como una imposición de esta Corte, sino como la aplicación de la función Constitucional de unificar la interpretación del derecho que le corresponde a cada órgano jurisdiccional, así como también en aras de preservar la vigencia de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima en las decisiones de los jueces e igualdad en el acceso a la administración de justicia para la solución de los conflictos.

El ex marido retiró la querella, ya que el Banco le restituyó las cantidades defraudadas.

Encontrar casi cuarenta razones autónomas para atacar una sentencia que resuelve el asunto en siete páginas, es sencillamente sorprendente.