El Tribunal estableció que la demandada no justificó la desvinculación de la trabajadora debido a la baja sostenida de las operaciones e ingresos que habría registrado la empresa por la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.

La carta de aviso de despido no fue remitida al actor.

La sentencia se dictó contraviniendo las reglas de la sana crítica y sin haberse analizado toda la prueba incorporada al juicio.

Las acciones fueron desestimadas en virtud de la renuncia de la actora.

Si bien el actor dedujo la demanda de despido injustificado de manera subsidiaria, el tribunal accedió igualmente a dicha pretensión.

El argumento que se invoca para aplicar supletoriamente el Código del Trabajo no tiene sustento.

Opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de esa vinculación fundada en el basamento legal de los sucesivos contratos celebrados que les otorgaban una presunción de legalidad.

No existió entre las partes un vínculo de subordinación y dependencia.

La demandada no acreditó los hechos en que fundó la causal de despido invocada.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la impugnación enderezada en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.