Esto, a propósito de solicitud del Senador Alejandro Guillier, quien pide un pronunciamiento en relación a si se ajusta a derecho el procedimiento de otorgamiento de beneficios adicionales o complementarios a quienes fueron favorecidos con la Beca de Doctorado Nacional, seguido por la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El ente contralor adujo que las sumas que integran el patrimonio de afectación referido constituyen caudales públicos que se administran en forma separada e independiente del presupuesto del Ejército.

Esto, a propósito de presentación formulada ante esta Contraloría General, por la cual se pide un pronunciamiento acerca de la juridicidad de que el CNTV autorice a la Productora Fábula para emitir la serie La Jauría por la plataforma Amazon Prime con anterioridad a hacerlo por Televisión Nacional de Chile.

El objeto de la asociación en comento dice relación con facilitar la solución del problema común relativo a la seguridad de los vecinos.

Se analizó si se encuentra ajustado a derecho el contrato celebrado para la adquisición de dichas cajas alimentarias con el proveedor “Alvi Supermercado Mayorista S.A.”, perteneciente al holding SMU, controlado por la familia Saieh.

El ente contralor adujo que, no obstante encontrarse incapacitada para su desempeño, en razón de la protección de los principios de la buena fe y la seguridad o certeza jurídica, es necesario reconocer la legitimidad y eficacia de los actos administrativos ejecutados en tal calidad.

Asimismo, el órgano contralor se pronunció sobre si el otorgamiento del permiso sin goce de remuneraciones para los funcionarios públicos que resulten elegidos integrantes de la Convención Constitucional, es obligatorio para el jefe superior del servicio al que pertenece el servidor o si ello constituye una facultad discrecional para este último.

Requeridos al efecto, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública informaron sobre la materia, señalando que la ley N° 21.040 no distingue si los inmuebles afectos a la prestación del servicio educacional fueron adquiridos a título gratuito o a título oneroso.

El ente contralor adujo que corresponde que esa empresa emita un informe jurídico, acompañando la documentación de respaldo e indicando las circunstancias de hecho y de derecho que resulten pertinentes.

El ente contralor adujo que la FACH se encuentra facultada para exigir una caución por permanencia por el término de 5 años, al personal que sea destinado a efectuar un curso de perfeccionamiento, y a su vez los funcionarios de las instituciones castrenses están obligados a garantizar su permanencia en el servicio, a fin de evitar su abandono en forma voluntaria y para asegurar la entrega a favor del mismo de los conocimientos que ha adquirido por un plazo mínimo.