Los órganos legalmente competentes para tramitar la solicitud de bono post laboral, son la Corporación y Municipalidad en donde se desempeñe el funcionario, correspondiendo a la entidad edilicia dictar un acto administrativo para su otorgamiento.
En el supuesto de que se solicite de forma retroactiva su pago, es necesario que las trabajadoras recurran a la justicia, pues deben probarse y ponderarse sus circunstancias.
No obstante, si existe un acuerdo expreso o tácito entre ambas partes sobre libre uso de los televisores –por ejemplo en la hora de colación-, debe prevalecer dicho acuerdo en razón de la fuerza obligatoria de los contratos.
A propósito de la consulta efectuada a la Dirección del Trabajo sobre si los permisos de residencia habilitan a un extranjero desarrollar en Chile actividades remuneradas de forma telemática a empresas de otro país.
A pesar de esto, precisa existe abundante jurisprudencia administrativa sobre la cláusula tácita y el beneficio de estacionamiento, por lo que insta al requirente a concurrir a la Inspección del Trabajo de Valparaíso para que fiscalice los hechos y la configuración de la cláusula.
La Dirección considera que en el caso consultado se aplica el principio lex specialis derogat legi generali, por lo cual debe preferirse el artículo 14 del DL 2.222 a los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo que establecen condiciones de contratación de ciudadanos extranjeros.
Aplica doctrina contenida en su dictamen N° 4969/79 de 2016 y tiene en consideración la dispersión de sus trabajadores en distintas regiones del país.
Sin embargo, deben considerarse los acuerdos entre empleador y profesionales de educación sobre este tipo de compensaciones, en razón, del principio de la autonomía de la voluntad.
Por lo tanto se debe verificar la existencia de una práctica reiterada de la Corporación que manifieste la voluntad inequívoca de modificación del contrato y otorgue el derecho a los profesionales de la educación descansar durante las tardes que anteceden a las mencionadas festividades.
En aplicación de la doctrina de la Contraloría que considera que la Dirección es el órgano competente para ratificar una destitución de una dirigente perteneciente a una Corporación Municipal de Derecho Privado.
