La moción busca enmendar la Ley Nº 21.325, sobre migración y extranjería, para ampliar las instituciones universitarias que podrán reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero a las universidades reconocidas por el Estado, y que fija un plazo de seis meses para dictar el reglamento. En caso contrario, las universidades reconocidas por el Estado con un mínimo de cinco años de acreditación podrán hacerlo.
Extranjeros
Sin unanimidad se aprobaron últimas normas pendientes.
Comisión Mixta inicia debate de 32 observaciones.
Corte de Santiago anula multas contra dos aerolíneas por transportar extranjeros sin cumplir requisitos sanitarios durante la pandemia Covid.
Corte Suprema envía al Senado informe de proyecto de ley que modifica consideración de atenuante de irreprochable conducta anterior de extranjeros.
La Corte Suprema considera que la iniciativa requiere mayor desarrollo y perfeccionamientos debido a una serie de dificultades que se advierten del texto propuesto.
Sobre la Ley de Migración y Extranjería.
Corresponde al Estado de Chile decidir a quién admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país, se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud.
Proyecto de ley que agiliza procesos administrativos de expulsión de migrantes ilegales, se aprueba por el Congreso Nacional.
La propuesta avanza en un perfeccionamiento del sistema de notificaciones al procedimiento de expulsión, ampliando las alternativas vigentes.
Prisión preventiva de extranjeros sin RUT provisorio se ajusta a la legalidad. La certeza de la identidad de los imputados es un fin del procedimiento para evitar confusión o suplantación que afectaría a personas inocentes.
Se ampliaron las respectivas detenciones desde que no se incorporaron antecedentes que hayan permitido acreditar su identidad, tornándose indispensable para una adecuada formulación de cargos.
Un problema de los migrantes es la vigencia de sus cédulas de identidad, pero estas mantienen vigencia si acreditan contar con certificado de residencia en trámite vigente.
El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.
AFP carece de la facultad para negarse a tramitar una pensión de sobrevivencia, debiendo emitir un pronunciamiento, ya sea positivo o negativo para los intereses del solicitante.
La administradora de fondos explicó que su negativa se debió a la falta de documentos apostillados para concretar el trámite, argumento que fue desechado por la Corte, tras determinar que la calidad de beneficiaria de la solicitante y de su hija no había sido discutida de ninguna manera.
Recurso de protección en contra de autoridades políticas por la violencia y delitos en la Región Metropolitana, no se admite a trámite por la Corte Suprema.
La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.
Inician estudio de proyecto sobre expulsión como pena sustitutiva para extranjeros.
La iniciativa propone esta medida para personas extranjeras condenadas a penas de hasta cinco años y un día, y revertir la exclusión que consagró la ley de Migración y Extranjería para los delitos de drogas o aduanas.
Derecho a sufragio de extranjeros avecindados en Chile y a optar a cargos públicos de elección popular de los nacionalizados, se debe reconocer en la Constitución.
Con ello se amplía la participación política de los extranjeros que se han avecindado y se han hecho partícipes de la nación chilena.
Recurso de protección deducido contra Delegación Presidencial Regional, es acogido. Deberá hacer las gestiones necesarias para que se de curso a solicitud visación de niños.
La autoridad desconoció la aplicación de los principios de inexcusabilidad y coordinación, en circunstancias en que eran especialmente exigibles al ser menores de edad los solicitantes.