En la resolución el magistrado aplicó, además, a Cartes Tamayo y Lozano Vidal las accesorias legales de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos  por el término de 10 años, suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, la prohibición de acercarse a la municipalidad y el pago de multas de 25 y 5 UTM, respectivamente, por el delito de cohecho; y multas de 50 y 10 UF por fraude al Fisco.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a la tutela judicial efectiva en relación al debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho al ejercicio de la acción penal y el principio de seguridad jurídica, desde no puede continuar como querellante en el proceso en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga.

En la audiencia de formalización el magistrado onsideró que las cautelares impuestas resultan adecuadas y proporcionales, por ahora, para asegurar la comparecencia de la imputada al procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

Alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de irretroactividad de la ley penal y de legalidad, como así también el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, desde que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N°21.121, se aumentó ostensiblemente el marco punitivo de los delitos.

El magistrado Daniel Urrutia Laubreaux condenó a la requerida González Silva a la pena de 541 días de presidio y la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos por el término de 3 años y un día, en calidad de autora del delito consumado de fraude al Fisco.

La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción.

La Primera Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, el 15 de septiembre recién pasado, que mantuvo al imputado  recluido en el Centro Penitenciario de Chillán.

Los requirentes alegan que se pretende asimilar la calidad del sujeto activo en el delito de Fraude al Fisco a quienes no tienen la calidad de funcionario público, lo que vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley.

El reproche al fallo de parte de la recurrente en orden a que el hecho acreditado no describe cuáles serían los deberes funcionarios infringidos, cómo los habría infringido el acusado, ni como aquella supuesta infracción de deberes funcionarios se relaciona funcionalmente con el perjuicio producido, debe ser desechado, desde que dichos elementos no forman parte del tipo penal en específico, razón por la cual el recurso de nulidad en este capítulo no puede prosperar.

El viaje no estaba relacionado con las funciones propias de los respectivos cargos ni existía un fin o interés público vinculado a dichas actividades, por lo que asignar y disponer de fondos públicos mediante las autorizaciones respectivas conlleva un detrimento al erario público.