La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la institución penitenciaria al incumplir el estándar de protección de los derechos de personas pertenecientes al pueblo mapuche, durante las visitas de familiares a Ricardo Delgado Reinao, Esteban Henríquez Riquelme, Ernesto Llaitul Pezoa, Roberto Villouta Alcamán y Héctor Llaitul Carrillanca.

Lo anterior, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía y advertir a Gendarmería que tiene el deber de adoptar todas las medidas que sean pertinentes a fin de velar por la integridad de los internos.

La instancia indagará la existencia de privilegios en el trato y otorgamiento de beneficios a determinados grupos de la población penal en la Araucanía, así como el registro de graves vulneraciones a los derechos del personal de Gendarmería de Chile.

El Tribunal de alzada desestimó los argumentos de la recurrente, tras establecer que la información solicitada por ley transparencia, no tiene carácter de reservada o secreta.

Estableció la vulneración de derechos fundamentales de los internos del recinto penal, al verificar que existe un único patio, común a todos los internos y que solo algunos tienen acceso al mismo, entre otras deficiencias, lo que no se condice con la obligación de proporcionar a las personas privadas de libertad un trato digno y humanitario.

Al Ejecutivo se dirige la resolución que pide subir los sueldos del personal de Gendarmería de Chile, destacando su importante labor.

Corresponde a los tribunales determinar si el tiempo de pena cumplido por el recurrente lo habilita o no para optar al beneficio, por lo que Gendarmería no puede establecer de forma administrativa la improcedencia de la postulación del actor.

Esta acción no resulta la vía adecuada para solicitar la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

La propuesta estudiada por la Comisión de Educación, también moderniza los requisitos de ingreso al plantel eliminándose el de estatura mínima y permitiéndose que cualquier tipo de licencia media sirva para postular.

El cambio de unidad penal no se debe a causas imputables al amparado, como su mala conducta, puesto que evidentemente no depende de aquel el número de internos de uno y otro penal, cuestión que es de responsabilidad de la autoridad administrativa.