No hay certidumbre acerca de la autenticidad de los mensajes, ni tampoco de la fecha en que se hicieron las capturas de pantalla, ni hay forma de establecer el hilo de la comunicación. No se manifestó bajo juramento que el sitio indicado (contacto de WhatsApp y/o número del móvil) corresponde al utilizado por los demandados; ni explicación alguna acerca de cómo lo obtuvo, ni las circunstancias particulares relativas al envío y recepción del mensaje.

La acción constitucional y su procedimiento constituyen un arbitrio destinado a resolver situaciones en que los hechos y derechos constitucionales afectados son indubitados y no discutidos, lo que no acontece en la especie.

La compañía alega un incumplimiento contractual de parte de la demandada. Debía ceder los derechos de emisión de la serie y en vez de eso transmitió los capítulos en su propio servicio de streaming. La demanda también está dirigida contra los productores de la popular serie de dibujos animados.

No es la primera demanda por rentas impagas deducida contra la compañía de Elon Musk, que ha tenido dificultades financieras a causa del éxodo de anunciantes publicitarios. Ha debido afrontar demandas en Estados Unidos y Reino Unido.

El Tribunal determinó que no resultaba justo que el consumidor asumiera los efectos ocasionados por la negligencia y la falta de información de parte de la denunciada, más si ya había cumplido con sus obligaciones contractuales.

Lo que se exige es que se acredite el temor fundado de que la producción de la prueba pudiera ser imposible o muy dificultosa en el periodo probatorio.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en el proceso sancionatorio que ordenó, además, la cancelación de la inscripción de la sancionada como prestadora de libre elección (MLE) y le ordenó reintegrar la suma de $37.409.310 al fondo de ayuda médica (FAM).

El recurrente alegó que el cobro de la boleta de garantía intentado por el municipio, aduciendo un incumplimiento de contrato, no era procedente por falta de fundamento y además vulneraba su derecho de propiedad.

Este constituye un estándar que impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos preliminares y hasta momentos incluso ulteriores a la terminación del contrato.

El principio de relatividad establece que los contratos solo producen efecto entre sus contratantes, y, por ello, la subrogación solo opera si las partes y la persona propuesta la aceptan expresa o tácitamente.