En su libelo la actora solicitó la restitución de 5.600 metros cuadrados de un retazo colindante a su predio de mayor extensión, y el tribunal de primer grado dio lugar a la acción ordenando restituir “0,52 hectáreas del retazo”, sin ningún tipo de singularización respecto de la ubicación y deslindes de la porción litigiosa, requisito fundamental de la acción contemplada en el artículo 889 del Código Civil.
La recurrente objetó el acto acusando simulación, porque el bien raíz fue enajenado por el demandado en un precio muy inferior al real, con la intención de transferirlo a un tercero y así evitar que el inmueble fuera parte de la liquidación de la sociedad conyugal que enfrentaban ambas partes por ser ex cónyuges.
Para poner término al goce gratuito de alguno o algunos de los comuneros sobre la cosa común, bastara la reclamación de cualquiera de los interesados; salvo que este goce se funde en algún título especial.
La recurrente acreditó que su ocupación se sustenta en ser la cónyuge del anterior dueño fallecido, circunstancia conocida por el demandante y que desestima su argumento de ocupación por mera tolerancia, incumpliendo el requisito del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.
El recurrente no pudo acreditar la infracción a las normas probatorias, por las que presuntamente la judicatura de fondo no ponderó adecuadamente el título que acompañó para solicitar la restitución del inmueble, prefiriendo el instrumento ofrecido por el demandado, que singularizaba de mejor forma el predio en litigio.
La demandante encargó las gestiones para la compra de un departamento que arrendaba, y la corredora adquirió la propiedad para sí, haciendo creer a la actora que la compra había sido rechazada por la dueña del inmueble a última hora.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia que rechazó la demanda.
Una cláusula del testamento otorgaba un inmueble en Las Condes como legado si la asignataria cumplía dentro del plazo de 30 días con la condición de donar a la heredera sus derechos en un predio ubicado en El Tabo, hecho que se perfeccionó con el tramite de la insinuación, momento en que comienza a computarse el plazo dispuesto por el causante.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que conformó la de primer grado que acogió, con costas, la acción.
El máximo Tribunal rechazó el recurso impetrado por la parte demandada por manifiesta falta de fundamento.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que hizo lugar a la demanda.
