En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.

Las desventajas que enfrentan los conductores que deben ejercer una mayor precaución en las zonas escolares y restringir la forma en que conducen son superadas por el interés público en imponer un castigo mayor para los conductores que violan su deber de cuidado para así garantizar que los niños eviten los peligros de los accidentes de tráfico y lleven vidas seguras y saludables.

La creación de la Comisión no cumplió con el número mínimo exigido por la norma; esto es, con 35% del número legal de congresistas. Ello no quiere decir que el Congreso no tenga competencia para formar una comisión investigadora que aborde asuntos de interés público, más allá de que los resultados electorales permanecerán inalterables, al ser preclusivos y perentorios.

Cuando se entablan procedimientos disciplinarios contra un juez, está en juego la confianza del público en el funcionamiento del Poder Judicial. Todo juez que sea objeto de un procedimiento disciplinario tiene derecho a salvaguardias contra la arbitrariedad. En particular, debe tener la oportunidad de que la medida en cuestión sea examinada por un órgano independiente e imparcial competente.

El actor debía proporcionar evidencia que le permita al juez inferir la probabilidad de daño de una magnitud suficiente para superar el interés público en proteger la libertad de expresión del demandado. Además, la legislación exige alguna prueba que permita al juez inferir un nexo de causalidad entre la expresión del imputado y el daño sufrido. Y existe una escasez de pruebas respecto al presunto daño causado.

La disposición impugnada tiene como objetivo evitar la confusión que pueda surgir respecto de la interrelación, los roles y el estado entre parientes cercanos por matrimonio consanguíneo, y mantener las funciones de la institución de la familia. La norma constituye un medio apropiado para lograr estos fines legislativos legítimos.

La división entre el relato y la opinión de las periodistas está plenamente diferenciada y, por ende, no vulneraron los derechos fundamentales del accionante. El reportaje reprodujo denuncias reservadas y anónimas sobre violencia sexual, que es un discurso constitucionalmente protegido. Demostraron un trabajo investigativo serio, como el que exige la jurisprudencia en torno al estándar de veracidad.

Si bien no puede pasarse por alto el hecho de que la divulgación impugnada se llevó a cabo mediante la sustracción de datos y la violación del secreto profesional al que estaba obligado el demandante, el peso relativo de la información divulgada superó todos los efectos perjudiciales a causa del interés público que suscitó.

Las universidades privadas también contribuyen al interés público, social y económico, por lo que pensar lo contrario es un acto discriminatorio, refieren los votos particulares.

La medida de apremio no constituye prisión por deudas, por lo que no se advierte una vulneración de garantías fundamentales.