El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer que la isapre actuó de manera arbitraria, vulnerando los derechos a la integridad física y síquica y el derecho a la propiedad de la recurrente, al no homologar las prestaciones conforme lo permite la ley.

Las recurridas demoraron más de un año y medio en la tramitación, iniciándose gestiones de cobranza judicial.

La recurrida había dado término anticipado y unilateral al vínculo contractual con la actora, alegando que no informó sus patologías previas.

En este caso, afirma el fallo, los convenios fueron enviados a la Superintendencia de Salud, en virtud de fiscalizaciones extraordinarias, vinculadas al uso de excedentes, como ocurrió precisamente en este caso, debido a una denuncia recibida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los medios de uso de los mismos por las ISAPRES a sus afiliados.

La solicitud de cambio de prestador de servicios designado por la recurrida está siendo conocida por la Superintendencia de Salud.

La medicación genérica provocó secuelas perjudiciales en el estado de salud del paciente, quien arguye que la administración de los fármacos demandados son su única opción de sobrevida.

Los criterios de orden económico resultan derrotados al ser contrapuestos al interés superior del niño.

El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la prestadora de salud privada al denegar la prestación, vulnerando el derecho constitucional a la vida y a la integridad física y síquica del recurrente.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario la recurrida al denegar la cobertura del cien por ciento del medicamento, lo que no permitió el acceso oportuno al fármaco imprescindible para el tratamiento del cáncer que afectaba a la recurrente.

Se vulneraron las garantías a la integridad física, igualdad ante la ley y propiedad.